Un funcionario de Torremolinos estafa a más de 400 personas en la gestión de sus trámites de nacionalización

Torremolinos/Un funcionario público de Torremolinos y un falso gestor han sido detenidos por un presunto caso de corrupción en el que estafaban a personas que buscaban obtener la nacionalidad española. Según la investigación, el funcionario retrasaba deliberadamente las citas para los trámites, provocando que caducaran y obligando a las víctimas a reiniciar el proceso. Luego, les ofrecía la "solución" de acudir a un gestor externo, que resultó ser su pareja sentimental.

El fraude consistía en manipular los tiempos del trámite de jura de fidelidad al rey y al ordenamiento jurídico, cuyo plazo de vigencia es de seis meses. El funcionario asignaba fechas posteriores a la expiración de este periodo, lo que hacía que el proceso caducara y debiera iniciarse nuevamente, demorando la nacionalización durante años.

Ante la angustia de las víctimas, el funcionario les recomendaba recurrir a un supuesto gestor que podía "solucionar" el problema. Este gestor, que en realidad era su pareja, cobraba por emitir un documento falso que aparentaba ser oficial y que pretendía evitar la caducidad del trámite. Se estima que la cantidad que habrían recibido los detenidos superaría los 12.000 euros.

Más de 400 afectados y una investigación en curso

La estafa salió a la luz cuando una de las víctimas decidió acudir al Registro para verificar el estado de su expediente. A partir de ahí, la Policía Nacional inició una investigación a cargo del Grupo de Fraudes de la Comisaría Local de Torremolinos.

Los agentes han identificado a más de 400 personas que lograron completar su nacionalización y han tomado declaración a numerosas víctimas. Todas coinciden en haber sufrido dificultades en la tramitación y en haber sido derivadas al mismo gestor por parte del funcionario.

Además, se descubrió que el falso gestor realizaba sus citas en lugares públicos y discretos en lugar de oficinas de gestoría, lo que aumentó las sospechas sobre la ilegalidad del proceso.

Los dos principales implicados han sido detenidos y se les imputan delitos contra la Administración de Justicia (cohecho), falsedad documental e intrusismo profesional. También se ha registrado su domicilio, donde se han incautado dispositivos electrónicos como parte de la investigación.

Otra trabajadora de la misma oficina pública está siendo investigada por haber derivado a más personas al falso gestor y a otros intermediarios.

La policía sigue tratando de localizar a más víctimas, con la certeza de que el número de afectados podría ser aún mayor. Se ha aclarado que estas personas no enfrentarán ninguna imputación, ya que son consideradas víctimas de un engaño, y su proceso de nacionalización no se verá afectado.