Más de 180 investigados en una operación contra la extracción ilegal de agua en La Axarquía

La sequía está causando estragos en toda la provincia de Málaga, pero los regantes de la Axarquía son los más afectados hasta ahora. En medio de esta situación, sin visos de mejorar ante la falta de precipitaciones, la Guardia Civil está desarrollando una macrooperación por supuestos pozos y regadíos ilegales en la comarca malagueña de la Axarquía. Por el momento, son más de 180 personas, entre ellas agricultores, las que están siendo investigadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona). Hay 26 detenidos, que ya han sido puestos en libertad, según confirmó el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas.

Desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) explicaron que se abrieron diligencias a raíz de una denuncia del Instituto Armado y de la Fiscalía de Medio Ambiente por el saqueo ilegal de agua. El Juzgado de Instrucción número 1 de Vélez-Málaga ha librado un oficio en el que insta al Seprona que se pida a todos los implicados que cesen de extraer agua hasta que se compruebe la legalidad de esas tomas.

El paso siguiente será la elaboración de un informe al que se incorporará el listado de personas que han sido interrogadas por la Guardia Civil. Será el juez el que decidirá si también les toma declaración y/o qué medidas adoptará al respecto con cada una de ellas. Por el momento, ninguno de los agricultores supuestamente implicadas en la causa ha pasado a disposición judicial. Los responsables podrían enfrentarse a penas de cárcel de hasta cinco años en los casos más graves.

Según Sur, por una parte, se ha detectado la extracción clandestina de más de un millón de metros cúbicos de una masa de agua subterránea a través de tres pozos ilegales que han estado funcionando durante años y que se han utilizado para regar plantaciones de subtropicales, principalmente de aguacate.

La otra infracción está relacionada con el desvío de agua gestionada por varias comunidades de regantes, que administran este recurso a una serie de parcelas autorizadas. Se ha utilizado ese agua en más de 220 hectáreas de superficie no autorizada en los últimos cinco años, lo que habría provocado daños al dominio público hidráulico que podrían superar el millón y medio de euros, explica el rotativo.

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, expresó "la condena más absoluta" por parte del Gobierno andaluz "a todo aquel que se salta la ley". Se trata de una actuación policial que aún está en curso" y respaldó el trabajo de la Guardia Civil. "Desde la Administración autonómica somos inflexibles contra cualquier tipo de delito y, de manera muy especial, contra los delitos medioambientales", señaló el consejero durante la visita a las obras del puerto de la Caleta de Vélez.

Asimismo, expresó desde la Junta "nuestra condena más absoluta a todo aquel que se salta la ley, que infringe la norma y perjudica el medio ambiente y nuestro respaldo a los que lo hacen bien", apuntando a "la obsesión en ser capaces de seguir aportando mediante la inversión y la planificación nuevos recursos hídricos que permitan que todos los agricultores, no solo de la Axarquía, sino de toda Andalucía, puedan mantener su actividad y hacerlo en condiciones de sostenibilidad".

Fernández-Pacheco destacó también "el empeño de la Junta de Andalucía para traer recursos hídricos a la provincia de Málaga y de manera muy especial a la Axarquía" y ha precisado que "solo en 2023 vamos a invertir 47 millones de euros que va a suponer un aporte hídrico extraordinario de hasta 31 hectómetros cúbicos, de los que más de 19 hectómetros cúbicos será para el regadío".

"Contra la sequía solo cabe la planificación, inversión y licitación de obras; ese es un objetivo que el Gobierno de Juanma Moreno tiene a fuego marcado en rojo en nuestra hoja de ruta y que en la Axarquía y en la provincia de Málaga estamos ejecutando especialmente", manifestó el consejero.

Para Fernández-Pacheco, "hoy en día, la optimización de los recursos hídricos tiene que ser un objetivo irrenunciable para todas las administraciones públicas". "El agua no se puede fabricar, el agua tenemos que conservarla como un bien escaso del que depende el medio de vida de cientos de miles de familias de Andalucía", dijo.

26 detenidos, todos ellos ya en libertad

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, por su parte, destacó que los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y usurpación de aguas que se investigan en la investigación por supuestos pozos y regadíos ilegales en la zona de la Axarquía son "de una repercusión social importante".

Cuestionado por los periodistas sobre dichas diligencias, aseguró que es una investigación judicial y que la Guardia Civil "lleva unos meses trabajando". Hasta la fecha son "26 detenidos provisionalmente y posteriormente puestos en libertad y 36 investigados" por parte de la Guardia Civil.

Los regantes, unidos contra la sequía

Cabe recordar que los regantes de la Axarquía llevan sin recibir agua de la Viñuela desde el 1 de octubre de 2022. Actualmente, este embalse -el más grande de la provincia, ya que tiene capacidad para 164 hectómetros- está al 10,39% de su capacidad. Esto quiere decir que solamente cuenta con 17,07 hectómetros cúbicos, casi 10 menos que los que tenía hace un año (26,72 hectómetros).

Para poder hacer frente a la sequía, diferentes comunidades de regantes se han unido para crear la nueva Junta Central de Regantes la Axarquía. Con ella pretenden poner en común todas sus necesidades y ser un frente unido para poder hacer frente a esta situación.

En esta nueva Junta Central de Regantes de la Axarquía hasta ahora hay cuatro comunidades de regantes. A estas se sumarán unas 20 más, después de que se aprueben sus solicitudes en la Asamblea General que se celebrará el próximo 18 de abril. Siguiendo el orden del día que se han marcado, también van a dialogar, tras saber cuántas comunidades de regantes son las que forman esta junta, y a debatir sobre si pedir la concesión del agua que les correspondería de la EDAR de El Peñón del Cuervo, la cual está en obras puesto que se están mejorando sus instalaciones.

Este será el primer paso que darán. Su principal objetivo, según Jaime Zaldúa, secretario de la Junta, es ser “un punto intermedio entre la administración pública y los regantes”. Además, quieren unir a todos los regantes de ese margen del río Vélez para “poder emprender proyectos técnicos mucho más ambiciosos que permita a las comunidades de la zona poder tener esas aguas”. También buscan “complementar” las concesiones de agua que ya tienen las diferentes comunidades de regantes de la zona. De esta forma, garantizarían a estos regantes “concesiones que pudieran darse ahora o próximamente de las EDAR o las desaladoras que son las aguas de las que en un futuro corto/medio plazo van a poder beneficiarse”.