El Juzgado aplaza a mayo la declaración del alcalde de Benalmádena por el caso legionela

El Juzgado de Instrucción número 4 de Torremolinos ha aplazado por motivos de “enfermedad” la declaración del alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, por el caso legionela, en el que se investigan presuntas anomalías en la contratación de maquinaria para purificar y tratar agua en los colegios del municipio, por lo que está previsto que el regidor acuda a la sede judicial en mayo, según han confirmado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El primer edil estaba llamado a declarar en calidad de investigado ayer lunes, pero la cita ha quedado finalmente suspendida debido a que Lara ha sido sometido recientemente a una intervención y se encuentra actualmente en situación de baja médica, como ya avanzó el Consistorio la semana pasada. El Ayuntamiento ha vuelto a incidir en que “es totalmente falso que exista fraccionamiento de contratos en la adquisición de máquinas antical para el municipio” y que “se ha seguido rigurosamente el procedimiento establecido por la Ley de Contratos del Sector Público”.

El caso deriva de una denuncia interpuesta por el PSOE el pasado año tras detectarse en enero de 2024 legionela en el colegio María Pineda y está relacionada con la contratación de maquinaria meses antes para combatir esta bacteria, entre otras. Tras ello, la Fiscalía decidió en octubre abrir una investigación por la contratación, al estimar que “los hechos denunciados podrían ser constitutivos de presuntos delitos contra la administración pública”, según el decreto de la Fiscalía Provincial de Málaga en octubre de 2024, al que ha tenido acceso este diario.

Así, Lara deberá acudir a declarar a la sede judicial en mayo como presidente de la empresa municipal Provise Benamiel S. L., que habría contratado la maquinaria, así como están llamados a acudir al Juzgado la ex gerente de ésta y otros dos empresarios vinculados con 3 sociedades denunciadas también por los socialistas.

Denuncia por la contratación de maquinaria

Según los denunciantes, la empresa municipal habría utilizado dos contratos menores, por un valor de 14.630 euros cada uno, para la “adquisición de máquinas a empresas vinculadas entre sí”, y que según la denuncia están relacionadas con el cónyuge de una concejal del PP del Ayuntamiento de Benalmádena, supuestamente.

Entre las presuntas irregularidades en el proceso de contratación pública, los denunciantes apuntan a “la estrategia de fragmentación de contratos para evitar la publicidad y procedimientos abiertos de licitación más rigurosos”.

También ponen de relieve “la relación directa entre las empresas participantes”, cuyos administradores presentan “presupuestos aparente y supuestamente independientes, pero en realidad controlados por un mismo grupo empresarial, con la finalidad de asegurar que uno de los presupuestos fuera formalmente considerado como el más ventajoso para la empresa pública y alterando el proceso administrativo de adjudicación de contratos públicos”.

Así mismo, lo denunciantes señalan que “el administrador de una de las empresas beneficiadas es cónyuge de una concejal del equipo de gobierno al que pertenece el alcalde, quien actúa como presidente de la empresa pública que adjudica los contratos”.

El Ayuntamiento asegura que la contratación ha seguido el procedimiento marcado por la ley

Por su parte, el Ayuntamiento ha incidido en las declaraciones vertidas la semana pasada, cuando avanzó que se había solicitado aplazar la declaración del regidor hasta que reciba el alta médica, al encontrarse de baja actualmente por una intervención quirúrgica.

Según destacó, “es totalmente falso que exista fraccionamiento de contratos en la adquisición de máquinas antical para el municipio”, asegurando que en la contratación “se ha seguido rigurosamente el procedimiento establecido por la Ley de Contratos del Sector Público”.

El Consistorio señaló que para la compra de estas máquinas, Provise “ha seguido el mismo procedimiento que el gobierno anterior y ha contratado a las mismas empresas del sector”, para lo que se ha utilizado a las compañías que “constan en la base de datos existente en la sociedad municipal, que había sido creada también en la etapa del gobierno anterior”.

El Consistorio remarcó que la compra de la maquinaria se ha realizado “siguiendo escrupulosamente el procedimiento legal” y criticó que la denuncia “se enmarca dentro de una estrategia inédita de acoso y derribo contra el alcalde". Por último, precisó que Provise está a disposición de la Fiscalía y del Juzgado.