Casi 2.600 días batallando con giros judiciales, informes periciales, anónimos y hasta la pista de un coche antiguo con una pegatina de Playboy que nunca se investigó. Almudena Vivar y Antonio Hidalgo no se han repuesto del mazazo que les tocó soportar aquel 26 de julio de 2017, cuando su única hija, Lucía, de 3 años fue hallada muerta tras desaparecer mientras jugaba en la terraza de un restaurante de la estación de Cercanías de Pizarra donde cenaba la familia. Los progenitores, que ya declinaron hace un tiempo por motivos de salud, exponer su imagen ante los medios de comunicación, aseguran estar atravesando un "momento complicado". Ahora atienden a 'Málaga Hoy' solo un día después de que se cumplan siete años de la noche más oscura para la pequeña. "Estamos mal física y psicológicamente, pero seguimos peleando en el juzgado. No vamos a parar", advierte Almudena, la madre, con un desgarrador reclamo de justicia, de la que ya "espera poco".

Los padres aguardan la resolución de un recurso que su defensa interpuso ante el Tribunal Supremo después de que la Audiencia Nacional rechazara el pasado mes de febrero una indemnización de Adif por la muerte de Lucía. "Tenemos la esperanza de que nos lo acepten. Si tenemos que llegar hasta el Tribunal Europeo lo haremos por nuestra hija, pero las energías ya están por los suelos", remacha Almudena, que insiste en que "no queremos dinero, sino la verdad".

Con todo, confiada en que "nunca hay que perder la fe", sino "seguir luchando", aboga por que pronto lleguen "buenas noticias, que pueden saltar en cualquier momento o tardar un año". "Pensamos que estamos atados de pies y manos, porque sabemos cómo va la Justicia en España y lo que podemos esperar de jueces que se matan entre ellos", asevera la progenitora de la víctima.

La hipótesis del secuestro desoída

El cadáver de la menor fue localizado a primera hora del día siguiente junto a la línea ferroviaria, a unos cuatro kilómetros de donde se esfumó, y se consideró desde el principio un accidente. Los padres, sin embargo, plantearon, desde el principio, la posibilidad de que su hija hubiera sido secuestrada. Porque recelaban -y lo siguen haciendo- de que una niña de tres años, calzada con chancletas de plástico, caminara toda la noche sola tras apartarse de sus padres y pudiera haber realizado en solitario un trayecto repleto de dificultades y peligros, incluso para un adulto con un calzado apropiado. Un camino oscuro en el que tuvo que sortear numerosas zonas peligrosas, puentes y la presencia de guijarros puntiagudos, cables, socavones sino también animales muertos. Después caería agotada, siguiendo la guía de los raíles, hasta que, exhausta, se acurrucó entre las vías y se durmió.

La familia sigue aún viendo agujeros en esa versión, que se corresponde con el relato de los investigadores de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga sobre un caso que conmocionó a España. Un laberinto de sombras que, todavía, les arroja más preguntas que respuestas. Porque, debaten, cómo es posible que un cuerpo de 11 kilos sólo sufrera un golpe en la cabeza al ser arrollado por un tren de 131 toneladas a 80 kilómetros por hora? 

"Solo queremos saber la verdad"

El último revés judicial inesperado llegó a Los Vivar hace solo unos meses, cuando la Audiencia Nacional absolvió al Administrador de Infraestructuras Ferroviarios (ADIF) de pagar 176.000 euros a los padres de la niña, en concepto de responsabilidad patrimonial. Y con la misma versión defendida hasta ahora: Lucía murió al ser golpeada por un Cercanías después de pasar toda la noche desaparecida. Para los magistrados, la decisión de no suspender el tráfico ferroviario aquella madrugada fue razonable a la luz de la escasa información de la que los investigadores disponían cuando a la pequeña se le perdió la pista.

Los magistrados de la Sala de apelación señalan en la sentencia que el deber de diligencia que se le exige a Adif "debe circunscribirse a las responsabilidades que le son propias y las medidas que adoptó en relación a la búsqueda de la menor deben ser enjuiciadas de acuerdo con las evidencias y circunstancias conocidas en el momento en el que se adoptaron". Asimismo, no comparte con la primera sentencia que se debió suspender el tráfico ferroviario hasta que apareciera la menor.

La polémica por la no suspensión del tráfico ferroviario

Por otro lado, el fallo judicial reza que la suspensión del tráfico ferroviario, que, en todo caso, hubiera sido efectiva en la madrugada a partir de las 6.05 horas, "es una medida de gran alcance y que causa una grave perturbación para el interés general". La resolución también recoge que "lógicamente hubiera procedido su adopción en el caso de que hubiera existido una mínima evidencia de que la menor se encontraba perdida en las vías del tren, pero no era el caso".

En cuanto a un defectuoso visionado de las cámaras de seguridad, al que también alude la primera sentencia, el Tribunal de apelación tampoco comparte los argumentos y considera que dicha resolución "mantiene un estándar de exigencia respecto de Adif que va más allá de lo razonablemente exigible, pues juzga su comportamiento por el resultado producido sin tener en cuenta el conjunto de las circunstancias concurrentes". En este sentido, se refiere al auto de instrucción de Málaga que investigó el caso en el que se señala que "efectivamente existió dicho error, pero que el visionado de la niña era muy borroso y su presencia fugaz, siendo su percepción muy difícil, criterio confirmado por la Audiencia Provincial"; además de que aparecen luces de linternas "lo que corrobora que también las vías fueron inspeccionadas".

Este "error denunciado", que la Sala considera que "no tiene el peso determinante" para declarar la responsabilidad de Adif. 

127.000 firmas para la reapertura del caso

En julio de 2020, tres años después de la tragedia, los padres de Lucía presentaron unas 127.000 firmas para pedir la reapertura del caso. Las rúbricas habían sido reunidas en ese último año en toda España por la familia, que las entregó en la Ciudad de la Justicia de Málaga.

Su abogado entonces hizo entrega de un escrito para solicitar formalmente esa posible reapertura del caso, aportando nuevas pruebas periciales y testimonios de personas que, a juicio de los padres, eran "muy importantes" y que podían ayudar a arrojar luz a la investigación. Pincharon, de nuevo, en hueso.

En febrero de 2019 la Audiencia ya había desestimado el recurso presentado por la acusación particular, en representación de los padres, contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga de archivar la causa por la muerte de la niña, al considerar que tras las pruebas practicadas no existían indicios de delito ni de intervención de terceras personas en la desaparición de la niña.

La Sala consideró que "todo apunta a que el fallecimiento se produjo como consecuencia del impacto que la menor recibió en la cabeza cuando se encontraba posiblemente tumbada entre las vías del tren", a la vista de las diligencias realizadas, sobre todo el informe de autopsia y la declaración del conductor del tren, quien no vio a ninguna persona sino tan solo un bulto oscuro.