Los malagueños ya podrán acogerse al Servicio de Mediación Penal para Adultos gratuito de la Junta
El programa funciona desde mayo en cinco provincias andaluzas y desde este mes también se llevará a cabo en Málaga, Córdoba y Cádiz
El objetivo es rebajar la litigiosidad, la carga de trabajo de los juzgados y reducir los tiempos de espera para la resolución de conflictos
Abogados y procuradores del turno de oficio reciben alrededor de 3,2 millones por sus servicios del segundo trimestre de 2023
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha animado esta semana a los andaluces víctimas de algún delito a probar la resolución de conflictos a través del Servicio de Mediación Penal para Adultos (Sempa), un servicio público y gratuito que desde mayo funciona en cinco provincias andaluzas y que en esta jornada echa a andar en Córdoba, Málaga y Cádiz.
Nieto ha instado tanto a los ciudadanos como a los jueces de la comunidad a derivar asuntos a esta vía "más ágil y satisfactoria" con la que aspiran a "rebajar la litigiosidad, la carga de trabajo de los juzgados, reducir los tiempos de espera para la resolución de conflictos y mejorar la calidad de la Justicia". En este sentido, el consejero ha señalado que los resultados logrados en apenas cuatro meses en las provincias donde existe este servicio desde mayo --Almería, Granada, Jaén, Huelva y Sevilla-- resultan "muy esperanzadores".
Así, en este tiempo, han llegado a los distintos Sempa 405 asuntos y ya se han logrado 98 acuerdos en un plazo medio de 45 días frente a "los dos o tres años" que se prolonga un proceso judicial. Los cinco Sempa que ya funcionan han atendido en total a 788 personas: 385 víctimas (53,50% mujeres y 46,50% hombres) y 403 victimarias (35,24% mujeres y 64,76% hombres).
El consejero ha explicado que al Sempa pueden acudir tanto los ciudadanos directamente como derivados por los jueces, a quienes también ha instado a confiar en esta fórmula para reducir la carga de trabajo de los juzgados y agilizar no sólo los asuntos que se deriven a esta vía, sino también los plazos de resolución de aquellos asuntos que no pueden ser resueltos a través de la mediación. Al respecto, ha detallado que por ley está vetada la mediación para los delitos de violencia de género y sexual, si bien ha señalado que es una fórmula "muy útil" en delitos leves de amenazas, robos, peleas o agresiones filioparentales, donde suele haber "un conflicto de fondo que muchas veces no se resuelve con una sentencia".
Según ha expuesto Nieto, "se priman mucho las medidas de carácter psicológico: el perdón del agresor, la compensación de los daños que se hayan podido producir, e incluso en muchos casos la multa se ha convertido en una donación a una ONG", a la vez que ha subrayado que "la mediación es una vía poco explorada en Andalucía, pero en la que se viene trabajando en varios países de la Unión Europea desde hace mucho tiempo, forma parte de lo que se conoce como Justicia restaurativa que tiene una valoración muy alta desde el punto de vista de la convivencia y resuelve problemas que podrían eternizarse entre las partes cuando la sentencia no es satisfactoria para ellas".
También en España, comunidades como Navarra, País Vasco y Cataluña han logrado reducir la litigiosidad a través de la mediación y "en Andalucía también lo podemos conseguir", de ahí que impulsar esta fórmula sea una "prioridad" dentro del Plan Estratégico de Justicia con el fin de reducir la excesiva conflictividad judicial, ha resaltado. Andalucía acabó el año pasado con una tasa de 156,8 asuntos por cada mil habitantes, tan sólo superada por Canarias, y en el primer trimestre de 2024 la litigiosidad es de 41,28 causas por cada mil ciudadanos.
Otras medidas
La creación de los Sempa, con una inversión de 1.123.043,60 euros (139.775,45 euros en Córdoba) para los contratos de gestión de los ocho equipos provinciales -con una duración de 12 meses prorrogable- se completa con otras medidas ya en marcha como la inclusión de la mediación en el en el sistema de Justicia Gratuita desde el día 1 de enero de este año. De esta forma, permite que cualquier andaluz con derecho a un abogado de oficio cuente con asesoramiento jurídico para procesos de mediación e involucra a los profesionales, que perciben hasta 400 euros por su trabajo en caso de acuerdo. En el primer trimestre del año los abogados de oficio han certificado 18 procesos de mediación y en el segundo trimestre, 54.
En la Justicia Juvenil ya existe desde hace años un Servicio de Mediación Penal de menores, que el año pasado llevó a cabo 2.276 mediaciones con menores infractores de las que el 80% acabaron con conformidades. Además, la Consejería de Justicia tramita la creación de un Consejo Andaluz de la Mediación y la elaboración de un Registro de profesionales y entidades de mediación para que los andaluces puedan acceder a un listado de especialistas en la materia.
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