La nueva sede judicial de Torrox, que contará con el doble de superficie, será una realidad "en dos o tres años"

Torrox/El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y el alcalde de Torrox, Óscar Medina, han firmado un convenio de colaboración público-pública destinado a la construcción de una nueva sede judicial. Este acuerdo, que responde a "una demanda histórica" de la comunidad, permitirá a Torrox contar con unas instalaciones judiciales modernas y adecuadas, resolviendo así las "deficiencias" del actual edificio que alberga los juzgados.

El actual edificio judicial de Torrox, un inmueble que ha servido como sede de los juzgados, ha demostrado "ser inadecuado" para cumplir con las necesidades actuales y futuras del sistema judicial, según ha informado Medina. "Este espacio, de apenas 966 metros cuadrados, resulta obsoleto, presenta problemas de accesibilidad y eficiencia energética, y no permite la creación de nuevos juzgados, a pesar del incremento demográfico en el municipio", ha declarado el alcalde. Torrox, que ha casi duplicado su población desde 2002, "requiere urgentemente una solución que acomode el crecimiento de su población y los servicios judiciales correspondientes".

El partido judicial de Torrox atiende a más de 58.000 vecinos distribuidos en ocho municipios: Algarrobo, Árchez, Canillas de Albaida, Cómpeta, Frigiliana, Nerja, Sayalonga y Torrox. Esta creciente demanda de servicios judiciales ha sido un factor clave en la decisión de proceder con la construcción de un nuevo edificio.

El convenio firmado entre la Consejería de Justicia y el Ayuntamiento de Torrox establece al Ayuntamiento como encargado de la construcción del nuevo edificio judicial, que se erigirá en el solar del antiguo campo de fútbol, ubicado en la calle Hospital. Este nuevo inmueble tendrá una superficie de más de 2.400 metros cuadrados, más del doble del espacio disponible en el actual edificio judicial. La inversión prevista para este proyecto asciende a casi 4,5 millones de euros, que será asumida por el Ayuntamiento.

Una vez construido, el Ayuntamiento realizará una mutación demanial externa a favor de la Consejería de Justicia por un período de 30 años. Durante este tiempo, la Junta de Andalucía abonará un canon anual de 205.000 euros al Consistorio, lo que representa un retorno de un millón y medio de euros por cada euro invertido en la construcción del nuevo edificio. Al término del periodo de cesión, el inmueble seguirá siendo propiedad municipal.

El nuevo edificio no solo resolverá los problemas de espacio, sino que también será una infraestructura moderna diseñada para cumplir con las normativas actuales y futuras de eficiencia y accesibilidad. La Consejería de Justicia se encargará del mantenimiento y la limpieza del edificio durante los 30 años de la cesión, mientras que el Ayuntamiento se ocupará de las reparaciones estructurales necesarias.

Por su parte, Nieto ha enfatizado que este proyecto "va más allá de la simple construcción de un edificio": se busca crear un ecosistema judicial mejorado que permita una gestión más eficiente y una atención más efectiva a los ciudadanos. La nueva sede será organizada según el modelo de la nueva Oficina Judicial o, en su caso, según el formato de tribunales de instancia que se apruebe en futuras leyes de eficiencia.

Asimismo, el alcalde de Torrox ha destacado la importancia de este acuerdo para resolver una demanda histórica de la comunidad y ha agradecido la colaboración de la Junta de Andalucía en hacer posible este proyecto. Medina se ha comprometido a iniciar el trabajo de redacción del proyecto y a acelerar el inicio de la construcción, con la esperanza de que "en dos o tres años la nueva sede sea una realidad".

El acto de firma del convenio ha sido celebrado como un “día histórico” y ha contado con la presencia de destacadas autoridades, entre ellas la viceconsejera de Justicia, Ana Corredera; la secretaria general de Infraestructuras Judiciales, Teresa Ávila; la delegada territorial de la Consejería, Teresa Pardo; y diversas autoridades judiciales.

Este convenio es el segundo de su tipo en el que la Consejería de Justicia se asocia con un Ayuntamiento para construir nuevas sedes judiciales, siguiendo el ejemplo del acuerdo firmado con Roquetas de Mar (Almería). El modelo de colaboración público-pública se presenta como una fórmula eficaz para la construcción de infraestructuras judiciales, y se prevé su aplicación en otros proyectos contemplados en el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030. Entre los próximos proyectos se incluyen los edificios judiciales en Marbella, Fuengirola y Torremolinos, entre otros.