Piden ocho años de cárcel a un exconcejal de Benalmádena por desviar dinero de un comedor social

La Fiscalía malagueña ha pedido una pena total de ocho años de prisión y diez de inhabilitación para el que fue concejal independiente de Benalmádena, Francisco Salido, por un presunto desvío de dinero de unas subvenciones otorgadas a una asociación para un comedor social.

El fiscal acusa al exedil, de Unión Centro Benalmádena (UCB), de un delito continuado de malversación e infidelidad en la custodia de documentos en calidad de autor, según el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso EFE.

La acusación pública considera que el edil, en aquel momento concejal de Bienestar Social, firmó en noviembre de 2011 un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y una asociación para varias actuaciones, entre ellas, prestar los servicios de un comedor social.

El procesado será enjuiciado este lunes por un jurado popular y en el banquillo de los acusados también se sentará la persona que en ese momento desempeñó el cargo de secretario y el tesorero de la asociación.

Estos dos últimos procesados se les acusa de un delito continuado de malversación en calidad de coautores y se les pide a cada uno de ellos cinco años de prisión y cinco de inhabilitación.

En el relato acusatorio se explica que el Ayuntamiento con dicho convenio se comprometía a la aportación de subvenciones equiparables a los servicios prestados mediante transferencia bancaria; y a su vez, se acordaba que tales ayudas procederían de los beneficios obtenidos por el uso y gestión del recinto ferial de Arroyo de la Miel mediante un mercadillo.

Y la asociación quedaba obligada a presentar asiento contable de las subvenciones recibidas y justificación de los gastos imputados a las mismas.

Como entonces concejal, el acusado "era responsable de la custodia de la documentación referente a los expedientes y procedimientos correspondientes al área municipal", precisa el fiscal.

Los otros dos procesados eran secretario y tesorero de la asociación y ambos estaban a cargo de los gastos e ingresos del comedor y la llevanza de su contabilidad además de evitar eventuales irregularidades.

Según la acusación pública, "los acusados, de manera coordinada y con propósito de procurarse un ilícito beneficio para sí o para terceros, dedicaron cantidades de las destinadas a la financiación de la Asociación Comedor Social para los objetivos preestablecidos, a fines ajenos a la actividad de la asociación".

Y, señala el fiscal, presuntamente lo hicieron por varias vías, llegando a abonar a los voluntarios del comedor ingresos análogos a las retribuciones propias de una relación laboral, destinando efectivo para gastos no previstos en los fines de la actividad asociativa.

En agosto de 2014 la intervención municipal inició expediente de comprobación del cumplimiento y desarrollo del acuerdo y, según el fiscal, se comprobó la falta de aportación de libros contables en que constase el asiento de los importes recibidos, lo que supondría "la falta de llevanza de la contabilidad".

El ministerio público señala que se comprobó supuestamente que de los 324.500 euros recibidos en concepto de subvenciones por la asociación en el período comprendido entre los días 5/01/2012 y 29/04/2012, sólo se habían justificado oportunamente gastos por un importe de 72.933,13 euros, restando 251.566,87 euros sin justificar.

Una vez iniciado el expediente de intervención y solicitadas a la Delegación de Bienestar Social las facturas justificativas del destino de la subvención, el entonces edil y los otros dos acusados retiraron de las dependencias del jefe de la Unidad de Bienestar Social copias de facturas entregadas como anexo en la Memoria Justificativa de la Subvención 2011 al 2012 y toda la documentación aportada hasta la fecha como justificación del periodo 2012-2013.

El fiscal pide que los acusados indemnicen al Ayuntamiento de Benalmádena con 251.566,87 euros y para Salido, además de la pena de prisión e inhabilitación, solicita 20 meses de multa a razón de euros diaria.