El PP lleva al Congreso de los Diputados el desahucio de más de 40 familias de Torremolinos

El Partido Popular (PP) ha elevado al Congreso de los Diputados el desahucio de más de 40 familias de un bloque de pisos en alquiler de Torremolinos, localizado entre las calles Río yeguas y Rodrigo, y ha preguntado a la Cámara qué medidas va a adoptar el Gobierno central para proteger a los afectados.

Así, 18 diputados del grupo parlamentario popular en el Congreso que representan a Málaga o a comisiones relacionadas con el caso, presentaron ayer martes en la Mesa de la Cámara Baja una pregunta al Gobierno central, con el propósito de que obtener “respuesta por escrito”, en relación a la situación de las familias afectadas.

La acción popular está relacionada con una orden de ejecución hipotecaria dictada sobre el edificio por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torremolinos en enero de 2024, con la que se van a ver afectadas más de 40 familias pese a haber estado pagando sus rentas.

Los populares explican a través del documento, al que ha tenido acceso Málaga Hoy, que la la Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb), participada por el Estado, “es actual titular de unos activos en Torremolinos, en las calles Rodrigo y Río Yeguas, que actualmente se encuentran en régimen de alquiler y que van a ser cedidos a un tercero como parte de un proceso de ejecución hipotecaria”.

Ello va a suponer que “un total de 127 vecinos van a ver suspendidos de golpe su contrato de alquiler, algunos de ellos en una situación de vulnerabilidad comprometida”, unos datos que el grupo parlamentario obtiene en base a un informe de vulnerabilidad de varias familias realizado por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torremolinos.

Familias vulnerables

En el escrito, los populares destacan que la valoración de los Servicios Sociales determina que en el edificio hay tres familias que tienen un miembro con discapacidad reconocida y con dependencia, dos numerosas, una persona con problemas de salud mental, otras dos unidades familiares monoparentales, tres de personas con avanzada edad y varias con algún miembro a la espera de ver reconocida su discapacidad.

Por ello, el grupo parlamentario ha preguntado al Gobierno central “qué medidas va a adoptar de cara a proteger a estos vecinos, para que no se vean en la calle, fruto del acuerdo de la Sareb con un tercero”. Así mismo, cuestiona si el Ejecutivo de la Nación puede “revertir que la Sareb ceda los activos a un tercero, antes del 22 de abril, fecha prevista para materializar este acuerdo”.

Procedimiento ejecución hipotecaria

El fallo judicial obedece al procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado por la Sareb en 2018, a la que se pasaron los activos de un préstamo impagado y concedido por una entidad bancaria en 2005 a la promotora que construyó el edificio, según explicó el abogado de una de las personas afectadas, Miguel Ángel Peinado.

En el marco del procedimiento, en junio del pasado año se celebró una subasta, en la que “36 viviendas se las ha quedado Sareb, porque nadie ha pujado por 29 o para 7 de ellas es la que más ha dado”, explicó Peinado, quien destacó que en abril esta “va a ceder a un tercero ese paquete de viviendas” para su venta, que es la situación sobre la que los populares preguntan si se puede revertir.

El origen del problema deriva, además del impago de la hipoteca, de los sucesivos contratos firmados por la promotora con varias empresas para subarrendar las viviendas, al considerar el juez que los mismos se celebraron “con el propósito de dificultar el normal desarrollo del procedimiento de ejecución”, destacando además que la propiedad atravesaba “notables dificultades económicas”. A su vez, estas mercantiles han celebrado distintos alquileres con los inquilinos de los inmuebles que conforman el edificio desde 2013, según la sentencia.

El fallo judicial apunta a que la suerte de estos últimos queda unida al examen de los “contratos privados de arrendamiento” celebrados entre la propietaria y “las mercantiles que de forma sucesiva tomaron posesión como arrendatarias, con fines de explotación del inmueble hipotecado”.

Así, el magistrado ha dictado “proceder al lanzamiento de los inmuebles”, en base a que como “no se aprecia la existencia de título que legitime la posesión por parte de las mercantiles arrendatarias, los contratos de subarriendo suscrito por éstas no pueden ser esgrimidos como título que legitime la posesión por el resto de ocupantes”, es decir, de los inquilinos. Ello supone que los contratos de alquiler “no son válidos”, detalló el abogado.

Por su parte, la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, va a mantener este martes una reunión con la Sareb, ya que el Ayuntamiento ha adoptado el papel de mediador en el caso, con el objetivo de “evitar que los contratos de alquiler que se habían declarado nulos así siguieran y que se les permitiese a los inquilinos seguir en esas viviendas como si esos fueran perfectamente válidos”, algo que en palabras de Del Cid “es posible hacerlo porque la Sareb depende del Gobierno de España”.