¿Qué se hace con la marihuana incautada por la policía en Málaga?

Las incautaciones de plantaciones de marihuana están a la orden del día de las fuerzas de seguridad de la provincia de Málaga. El desmantelamiento de estas plantaciones ilegales de marihuana es una obligación legal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dentro de su misión de recoger los efectos del delito y ponerlos bajo custodia y a disposición de la autoridad judicial competente.

En el caso de las pequeñas plantaciones, son los propios agentes los encargados de desmantelar dichas plantaciones. Pero, cuando son más grandes, se debe contar con una empresa privada que disponga de la maquinaria necesaria. Como ha sido el caso de la última adjudicación del Ministerio del Interior a una empresa especializada en trabajos forestales que se encargue de destruir la droga que intervengan la Guardia Civil y la Policía Nacional en Málaga y GranadaGuardia CivilPolicía Nacional.

Proceso de destrucción de las plantaciones de marihuana

Como se ha indicado, en el caso de plantaciones pequeñas, son los propios agentes quienes las destruyen. Pero cuando la incautación de la plantación de droga es muy grande, policías y guardias civiles se ven imposibilitados para desarrollar dicha actividad. Por un lado no están preparados ni disponen de la maquinaria necesaria, y por otro les absorbería demasiado tiempo. Por ello, el Gobierno central considera que el procedimiento más idóneo es la contratación de una empresas del sector privado, con los conocimientos y medios técnicos necesarios para desarrollar los trabajos de destrucción.

El tratamiento para llevar a cabo este servicio estará determinado en cada caso por la autoridad judicial. Si bien, de forma ordinaria, incluye el arrancando de las plantas, el apoyo en la extracción de muestras y su conservación en cajas de cartón para evitar su putrefacción previamente; el propio arrancado, que puede presentar más o menos dificultades dependiendo de la situación de la plantación; el triturado o comparación en el caso de que se haya determinado su conservación durante un tiempo determinado; en el mismo supuesto de conservación, ensacado o introducción en cajas de las plantas intervenidas; el traslado al lugar determinado, y cualquier otra actuación que determine el juez.

Las empresas adjudicatarias para realizar estos trabajos deberán disponer de la capacidad técnica y los permisos necesarios para realizar la actividad, acorde con la legislación vigente. Deberá permitir la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el desarrollo de los servicios contratados, y siguiendo las instrucciones que les pudieran indicar en relación con los trabajos y otras cuestiones relacionadas con la seguridad.

Además, deberán disponer de elementos suficientes de arrancado, máquinas de trituración, así como aportar sacos, plásticos y cajas de cartón -para llevar a cabo el correcto envasado-, medios de transporte, equipos de protección y seguridad necesarios conforme a la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

Un aspecto importante del proceso es el de las medidas para garantizar la confidencialidad del servicio. La empresa encargada de los trabajos de destrucción de la plantación será responsable de la no difusión de información a terceras personas. Así, todos los trabajadores de la empresa -tanto personal técnico como auxiliar- no deberán detallar datos tales como fechas y horas de la realización del servicio, así como cualquier otra información que pueda ser relevante sobre el desarrollo de las tareas.