El redactor del PGOU marbellí asegura que era "oportuno, legal y bueno"

Manuel González Fustegueras, el urbanista encargado de redactar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella vigente desde 2010 y que ahora ha sido anulado por el Tribunal Supremo (TS), defiende las tesis del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y ha subrayado que este planeamiento era "oportuno, legal y bueno".

Un documento el de la revisión de 2010 que debía devolver a Marbella seguridad jurídica y que supuso la regularización de 16.500 viviendas construidas ilegalmente durante 16 años de gobiernos del GIL. De los últimos acontecimientos, dice tener la sensación de que o bien "en Marbella no ha pasado nada o hay que tirar más de 16.000 casas". En suma, "hay una divergencia jurídica porque el Supremo viene a anular decisiones del TSJA", tribunal con el que ha dicho "alinearse", ya que "tiene mucha más razón de ser y está más cerca de las circunstancias y los problemas con los que hemos tenido que lidiar". Así, partiendo de que el PGOU marbellí tuvo que atender a un contexto excepcional, con miles de viviendas que habían sido construidas contraviniendo el planeamiento entonces vigente, de 1986, ha dejado claro que los mecanismos que propuso el nuevo plan para regularizar 16.500 casas "se ajustaban al modelo de territorio que se estaba proponiendo en general para Marbella, no era por la cara". Un modelo urbanístico al que había que ajustarse, ha subrayado González Fustegueras, y, de hecho, "las viviendas que no lo hicieron, no fueron regularizadas -1.500-". Además, ha resaltado, dotaba a la ciudad costasoleña de "los espacios libres y equipamientos necesarios".

Sobre las 16.500 viviendas irregulares para las que el documento anulado sí establecía un sistema de normalización mediante compensaciones y que ahora se quedan fuera de ordenación, González Fustegueras ha advertido de que ahora "están en una situación mucho peor que con el plan".

Respecto a la ausencia de una Evaluación de Impacto Ambiental, uno de los motivos del Supremo en su decisión, el urbanista ha admitido que le "sorprende muchísimo", ya que "era algo que no estaba vigente en Andalucía y no ha estado vigente hasta este verano".