Suspendido el juicio del exconcejal de Benalmádena al que le pedían 8 años por malversación

La cancelación se debe a la renuncia de uno de los acusados a su abogado de oficio asignado

El alcalde de Estepona declara de forma voluntaria y asegura que "la denuncia carece de todo fundamento"

Ciudad de la Justicia.
Ciudad de la Justicia. / Javier Albiñana

La Audiencia de Málaga ha suspendido el juicio con jurado popular al exconcejal independiente de Benalmádena Francisco Salido por un presunto caso de malversación de caudales públicos e infidelidad en la custodia de documentos debido a la renuncia de un acusado al abogado de oficio asignado.

La Oficina del Jurado de Málaga aún no ha puesto nueva fecha de celebración para este juicio, cuyo comienzo estaba previsto este lunes e iba a prolongarse hasta el 29 de noviembre, según ha informado este martes en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La renuncia del acusado a su letrado se produjo cuando ya habían sido seleccionados los nueve miembros del jurado popular que iban a juzgar este caso, y para la nueva vista habrá que seleccionar otros miembros diferentes del tribunal popular.

En el juicio iban a intervenir más de 60 testigos durante la próxima semana por lo que desde la Oficina del Jurado se están librando exhortos urgentes a Torremolinos para dejar sin efecto las citaciones que ya habían sido remitidas.

En este caso, el exconcejal de Benalmádena Francisco Salido se enfrenta a una petición de la Fiscalía malagueña de ocho años de prisión y diez de inhabilitación por un presunto desvío de dinero de unas subvenciones otorgadas en 2012 a una asociación para un comedor social.

En el relato acusatorio se explica que el Ayuntamiento con dicho convenio se comprometía a la aportación de subvenciones equiparables a los servicios prestados mediante transferencia bancaria; y a su vez, se acordaba que tales ayudas procederían de los beneficios obtenidos por el uso y gestión del recinto ferial de Arroyo de la Miel mediante un mercadillo.

Y la asociación quedaba obligada a presentar asiento contable de las subvenciones recibidas y justificación de los gastos imputados a las mismas.

Como entonces concejal, el acusado "era responsable de la custodia de la documentación referente a los expedientes y procedimientos correspondientes al área municipal", precisó el fiscal.

Los otros dos procesados eran secretario y tesorero de la asociación y ambos estaban a cargo de los gastos e ingresos del comedor y la llevanza de su contabilidad además de evitar eventuales irregularidades.

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