Torremolinos evita un pago millonario reclamado por la antigua concesionaria de la limpieza

El Ayuntamiento de Torremolinos no tendrá que hacer frente, de momento, a una deuda reclamada desde hace 2 décadas por la antigua empresa concesionaria de la limpieza, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), de casi 19 millones de euros más los intereses por presuntos impagos, tras “fallar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a favor del Consistorio” y enmendar o “corregir” un auto que le obligaba a aprobar un plan de pagos, y que fue recurrido por la Asesoría Jurídica municipal argumentando que no existe un "reconocimiento" del adeudo, según ha anunciado este jueves el Ayuntamiento.

La alcaldesa, Margarita del Cid, ha dado a conocer junto con el equipo de gobierno la decisión judicial, destacando que la demanda de casi 19 millones de euros se remonta a hace 20 años, por lo que junto a los intereses generados, la cifra que hubiera debido abonar el Ayuntamiento de Torremolinos podría haber superado los 35 millones de euros.

Sobre el origen de la reclamación, ha explicado que “este Ayuntamiento lleva años intentando aclarar la relación con una mercantil, FCC, que reclamaba cantidades dinerarias a Torremolinos supuestamente generadas a principios de los años 90 y que, aunque parezca surrealista, todavía no se habían zanjado”.

La regidora ha recordado que tras varias huelgas de basura en 1994 por presuntos impagos del Ayuntamiento, comandado entonces por el socialista Miguel Escalona, a FCC, concesionaria de limpieza, en 1995 el PP rescata esa concesión y de ahí surge la creación de Litosa y la municipalización del servicio.

Según ha apuntado, esta circunstancia llevó al Consistorio en 2004 a suscribir un convenio con esta mercantil para afrontar las mencionadas reclamaciones dinerarias, mediante la compensación con suelos, ha precisado.

“Ese convenio fue tumbado en 2011 por la Junta de Andalucía, que rechazó utilizar patrimonio municipal de suelo para afrontar una reclamación de este tipo”, ha relatado, agregando que “desde ese momento, comenzó una vía judicial por la que esta mercantil exigía a los torremolinenses el pago de una presunta deuda de 18,9 millones de euros más los intereses devengados desde 2004, lo que hubiera supuesto superar los 35 millones de euros”.

“Creo que todos los que saben cómo funciona un ayuntamiento y las dificultades económicas a las que nos enfrentamos a diario, se pueden imaginar que haber tenido que hacer frente a un pago de 18,9 millones en el mejor de los casos, y de más de 35 en el peor, hubiera supuesto una parálisis absoluta durante años”, ha argumentado.

Recurso a un auto obligaba a aprobar un plan de pago

De esta forma, la alcaldesa ha señalado que “el peor de los escenarios” llegaba con un auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Málaga de febrero de 2024, que daba la razón a la mercantil y que exigía al Ayuntamiento aprobar un plan de pago de forma inmediata, destacando que “la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento se ha fajado con este asunto” y recurrir en apelación.

Para explicar los argumentos de la Asesoría Jurídica para recurrir el auto, Del Cid ha señalado que “la mercantil pretendía convertir reclamaciones dinerarias originadas en los 90 en créditos líquidos, vencidos y exigibles, cuando en ningún caso existía en todo este tiempo un reconocimiento de deuda por parte de este Ayuntamiento”, ha declarado la regidora.

De este modo, ha apuntado que “la mercantil hacía referencia a la auditoría que encargó el PSOE en 2017 y a un decreto de Alcaldía de diciembre de 2016 en el que, no sabemos por qué, se hacía referencia a un concepto jurídico y administrativamente muy poco sólido, deuda no contabilizada”.

Como tercer argumento, el Consistorio ha defendido que “no existe ninguna resolución judicial ni administrativa que reconozca cantidad alguna adeudada por el Ayuntamiento a FCC tampoco en concepto de intereses devengados”, ha proseguido explicando Del Cid.

“En definitiva, hemos conseguido que nuestros argumentos sean escuchados y que después de décadas, hayamos salvado al Ayuntamiento de un asunto que fue mal gestionado desde el principio”, ha apuntado respecto a “quien entonces generó un problema con la concesionaria de limpieza, a principios de los 90”.

“Mal gestionado por quien intentó compensar esta problemática con patrimonio municipal de suelo, algo que fue anulado por la Junta de Andalucía por ser ilegal y mal gestionado por el último equipo de gobierno socialista, con una estrategia jurídica errática y que parecía más centrada en darle la razón a la mercantil, con el daño que eso hubiera supuesto para los torremolinenses”, ha señalado la alcaldesa.

“Hoy han quedado demostradas muchas cosas”, ha puesto de relieve la primera edil, quien ha apuntado a que “la verdad, cuando las cosas se hacen bien, se abre camino” y que “cuando se comete un error lo que hay que hacer es afrontarlo y no taparlo con decisiones equivocadas y que van haciendo más grande la bola de nieve”.

Además, ha agregado que “ha quedado confirmado que este asunto no se ha arreglado hasta que ha habido un equipo de Gobierno al frente que tenía la intención inequívoca de defender el interés general de los torremolinenses, por encima de cualquier otra cuestión. Y creo que es algo, insisto, atribuible sólo a este equipo de Gobierno”, ha declarado la regidora.

La primera edil ha trasladado a los torremolinenses “la tranquilidad que supone no tener que afrontar ni 18,9 ni más de 35 millones de euros de pagos, lo que sin duda nos hubiera lastrado y mucho”, y aunque ha precisado que sobre la resolución judicial cabe un recurso de “casación”, se h mostrado convencida de que “la contundencia de la sentencia del TSJ nos hace estar confiados”.