Vecinos de Torremolinos afectados por un desahucio se concentran para pedir una solución

Una treintena de personas se concentran a las puertas del Ayuntamiento

La alcaldesa solicita a la Sareb un "esfuerzo" para reubicar a los inquilinos de 10 viviendas que deberán abandonar sus hogares

La Sareb se compromete a paralizar el traspaso de 29 de las 39 viviendas afectadas por un desahucio en Torremolinos

Vecinos afectados por el desahucio.
Vecinos afectados por el desahucio. / M. H.

Vecinos afectados por un bloque de pisos en alquiler en Torremolinos sobre el que pesa una orden de desahucio, se han concentrado este jueves a las puertas del Ayuntamiento para pedir una solución, tanto para los inquilinos de 10 viviendas que deberán abandonar sus hogares como para los de otros 29 inmuebles cuya titular, la titular de todos ellos la Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb), ha solicitado su paralización.

La convocatoria ha contado con la participación de una treintena de personas, entre ellas miembros del equipo de Gobierno y la propia alcaldesa, Margarita del Cid, que ha vuelto a solicitar a la Sareb que haga un “esfuerzo” con las viviendas que posee en la zona del Calvario para no dejar en la calle a vecinos que han residido hasta ahora en 10 viviendas que la sociedad ha traspasado a terceros.

La Sareb o ‘banco malo’-participada en un 51% por el Estado-, es la titular actualmente de los inmuebles tras una subasta celebrada el pasado junio, en el marco de un procedimiento de ejecución hipotecaria o desahucio que inicio en 2018, al objeto de liquidar los activos traspasados de un préstamo impagado y concedido por una entidad bancaria en 2005 a la promotora que construyó el edificio.

El pasado 26 de marzo, el Ayuntamiento dio a conocer que la Sareb se había comprometido a paralizar el traspaso de 29 de los 39 inmuebles con los que contaba en la zona del Calvario, para lo que presento un escrito al Juzgado de 1 Instancia número 2 de Torremolinos, que ha ordenado el desahucio. Mientras, otros 10 ya han sido cedidos a terceros.

Yolanda es una de las afectadas que ha expresado su “frustración” ante la situación que ha generado la orden de ejecución hipotecaria, lamentando que el Juzgado “no nos deja ni siquiera hablar, nos tienen amordazados”.

Según ha relatado, la orden de desahucio le ha causado “un desgaste de salud brutal”, asegurando que lleva desde noviembre ingresada a un hospital debido a una enfermedad crónica que padece, la cual “se ha acelerado y se ha agravado”.

Piden que se pronuncie el Juzgado sobre la petición de paralización

Rubén Guzmán es otro de los afectados, ya que su piso fue adquirido por un tercero y deberá abandonar su vivienda, aunque ha precisado que ello dependerá de la decisión que tome cada nuevo propietario.

La concentración de hoy ha tenido como objetivo pedir que “se pronuncie el Juzgado”, tras conocerse que la Sareb ha presentado un escrito en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria, para parar la cesión a terceros de 29 viviendas, que supuestamente se destinarían a alquiler asequible.

“Los días pasan y no tenemos noticias del Juzgado”, ha lamentado este vecino, quien ha solicitado igualmente una solución para otros diez inquilinos cuyas viviendas sí han sido traspasadas, como es su caso.

En este sentido, ha indicado que el Ayuntamiento está “comprometido” y está concediendo la situación de “vulnerabilidad” a los afectados de estas viviendas. En su opinión, “no soluciona nada”, ya que “se alargaría un mes” la estancia en los inmuebles. Por ello, plantea como alternativa que se les “reasignen pisos turísticos que hay en el bloque”.

“Alguien nos tiene que ayudar de alguna manera, porque nadie ha pegado una patada en la puerta, estamos al corriente de pago, incluso más de lo debido, y se nos ha estafado”, ha remarcado para dejar claro que los afectados no son okupas. Guzmán ha relatado que la situación de desahucio “genera mucho estrés”, destacando que tiene problemas de salud y que ello no ayuda.

Ambos afectados han asegurado que sus viviendas han sido adquiridas supuestamente por la administradora de una sociedad vinculada con los alquileres de los inmuebles, por lo que han denunciado la situación tras la convocatoria de concentración.

Otra de las afectadas, Jimena Centurián, ha señalado que en la concentración se ha solicitado “reubicar a las 10 familias que fueron sus pisos subastados” y “algún tipo de alquiler social” para los 29 pisos de la Sareb.

Por su parte, la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha incidido en que aunque que la situación ha cambiado para algunos inquilinos, al tener constancia de que “la Sareb ha parado el proceso de adjudicación a una empresa que iba a explotar” 29 de las 39 pisos, ha subrayado que “hay diez vecinos que siguen sin que haya un poco de esperanza para poder seguir en sus viviendas”.

Así, ha solicitado a la Sareb “un esfuerzo más, porque hay algunas viviendas en ese bloque que son propiedad de ella, aunque no son de estas 39, y podríamos solventar la solución de vecinos que se ven en el problema de que su desahucio no se paraliza”.

Orden de ejecución hipotecaria

El conflicto deriva de un procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado en 2018 por la Sareb, al objeto de “recuperar el dinero de un préstamo” impagado y concedido por una entidad bancaria en 2005 a la promotora propietaria para construir el edificio, según explicó en marzo el abogado de una de las afectadas, Miguel Ángel Peinado.

El origen del problema viene, además del impago de la hipoteca, de los sucesivos contratos firmados por la promotora con varias empresas para subarrendar las viviendas, que a su vez han celebrado distintos alquileres con los inquilinos desde 2013 y que el Juzgado ha considerado que no son válidos los contratos suscritos entre mercantiles, y por tanto, los rubricados con los inquilinos, según la sentencia.

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