El vertedero ilegal de Nerja que todos conocían

Nerja/El vertedero ilegal del Río de la Miel de Nerja ocupaba una extensión similar a la de 36 campos de fútbol. Se ubicaba en el espacio medioambiental del mismo nombre a cien metros de la antigua carretera nacional 340, en un carril que sale a la izquierda adentrándose en el Parque Natural de las Sierras, Tejeda, Almijara y Alhama. Al otro lado queda el Paraje Natural de los Acantilados de Maro y Cerro Gordo. No estaba escondido.

En el municipio de Nerja todos conocían la existencia de ese vertedero que se había “arreglado” en la antigua cantera del paraje del Río de la Miel. Un grupo de empresarios hacían uso de él –con el beneplácito del gobierno municipal, según las investigaciones judiciales– sin despreciar ningún tipo de residuos del que hubiese necesidad de desprenderse. Los vecinos también sabían que era un lugar habilitado para abandonar un sofá o una lavadora.

Los neumáticos de un coche o latas de pintura también tenían cabida, y por supuesto restos de poda, plásticos agrícolas o de la construcción. Tampoco se rechazaban los residuos peligrosos, los que fueran susceptibles de generar un incendio por la acumulación de gases o los que soltaban lixiviados que contaminan la tierra y los acuíferos. Y eso a sabiendas de que el espacio “habilitado” estaba entre dos espacios naturales protegidos.

Tan conocido era, que desde 1999 el Ayuntamiento de Nerja, siempre según el auto judicial, había tenido conocimiento de al menos doce denuncias, reclamaciones, informes de inspección y comunicaciones que alertaban de la ilegalidad e inseguridad del vertedero. Los expedientes sancionadores se sucedieron hasta 2010. En 2013, hubo una inspección por agentes de Medio Ambiente. En agosto de 2016 se desarrolló la Operación Rubbish (basura en inglés), a raíz de las denuncias presentadas por la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y Demolición de Andalucía (Agreca) y por la Federación Española de Asociaciones de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y Demolición. Para entonces, el paraje del Río de la Miel ya acumulaba 800.000 metros cúbicos de residuos que se extendían por tres hectáreas del Parque Natural. El daño producido, incuantificable, y su restitución de 10,7 millones de euros, según el informe técnico visado por el Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía.

La Guardia Civil –agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona)– bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga y el Juzgado de Instrucción número 1 de Torrox, fueron los encargados de llevar a cabo esta investigación que en su fase inicial llegó a bloquear más de 170 bienes muebles e inmuebles, entre viviendas, terrenos, embarcaciones. Unas propiedades que estaban valoradas en más de 5 millones de euros para hacer frente a los supuestos delitos contra el medio ambiente y recursos naturales, falsedad documental, estafa, pertenencia a grupo criminal, prevaricación medioambiental omisiva, y prevaricación administrativa. Se detuvieron a una docena de personas, 25 investigadas y 11 de personalidad jurídica.

La petición fiscal para los acusados por el vertedero ilegal de Nerja

Actualmente, la Fiscalía de Málaga mantiene la acusación para nueve personas y seis empresas por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Se ha pedido el sobreseimiento de cuatro de los investigados, entre ellos la ex alcaldesa socialista Rosa Arrabal (2015-2019), y el que fuese su concejal de Medio Ambiente, Jorge Bravo (IU). Según estima, no queda acreditado que la que fuera alcaldesa desde 2015, Rosa Arrabal, y el edil de dicha área entonces tuvieran conocimiento de la verdadera naturaleza del vertedero, su potencial “dañino” y la necesidad de clausura. También han quedado fuera José Miguel Jimena, que llevó este área durante el gobierno de José Alberto Armijo (PP) al considerar que ha quedado prescrito el delito; y se ha archivado para la secretaria general de la delegación territorial de Medio Ambiente de Málaga en esa época, al señalar que no se ha podido acreditar si conocía uno de los informes mencionados.

Para Armijo, que fue alcalde desde 1995 a 2015 y a partir de 2019, el Ministerio Público pide dos años de prisión y 18 meses de inhabilitación especial para profesión u oficio, al igual que para la que fue concejal de Medio Ambiente, Nieves Atencia (PP), y durante este mandato, responsable de la Concejalía de Urbanismo y Vivienda. También para el resto de procesados.

La diferencia estriba en la cuantía económica que la Fiscalía solicita a los cargos públicos, una multa de 20 euros diarios durante 12 meses, lo que suma 7.200 euros. La de los empresarios asciende a 50 euros durante un año, llegando a la cifra de 18.250 euros.

La gestión del vertedero, a cargo de un grupo de empresarios

Durante las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil, se pudo comprobar que el vertedero ilegal “estaba siendo explotado y gestionado económicamente por un grupo de empresas del sector de la construcción del municipio de Nerja incumpliendo las normas administrativas”. Estas empresas, según explicaron desde el Instituto Armado, “estaban realizando una actividad importante de recogida y transporte de residuos de la construcción y demolición entre los que también se encontraban residuos peligrosos, para posteriormente verterlos sin ningún tipo de control en dicho vertedero ilegal”.

En el informe se recoge que dichos vertidos se realizaron “a sabiendas de su ilegalidad” y “con conocimiento de la existencia de plantas autorizadas en la zona y de la normativa de aplicación”, e incluso “se llegaron a expedir certificaciones acreditativas a clientes de que los residuos habían sido depositados en vertederos controlados, por lo que se sintieron engañados, ya que habían pagado un servicio bajo la creencia de que sus residuos estaban siendo gestionados correctamente y cumpliendo con la normativa medioambiental”.

Los inicios del vertedero

Con respecto a la presunta responsabilidad del alcalde, el fiscal señala en su escrito provisional que a principios del año 2000 “a iniciativa” de Armijo, “sin la tramitación de expediente administrativo, licencia ni autorización administrativa o medioambiental alguna”, el Ayuntamiento concierta de forma verbal la gestión del desarrollo de la actividad de vertido de escombros y deshechos en una antigua cantera con determinadas empresas relacionadas con la construcción, que terminaron asociándose para dicha explotación.

Además, se comunicó la intención de realizar un vertedero a la Junta de Andalucía, que contestó diciendo que hacía falta un estudio de impacto ambiental; pero, “haciendo caso omiso a esa comunicación, la actividad continúa a la vista, ciencia y paciencia de todos” bajo la gestión de las empresas “autorizadas por el Ayuntamiento”, señala inicialmente el Ministerio Público, apuntando que era “un hecho público y notorio” la existencia de vertidos en esa zona protegida.

“El propio Ayuntamiento depositaba en el lugar los restos de obras y de podas vegetales”, recoge el escrito provisional de acusación, indicando que de 2000 a 2010 se suceden los expedientes sancionadores y denuncias sobre la situación de la zona, realizándose en 2013 una inspección por agentes de Medio Ambiente en la que se detectaron residuos como electrodomésticos, neumáticos, restos de construcción y otros agrícolas.

Tras esta inspección la Consejería de Medio Ambiente emitió un informe en el que se determina que las características del vertedero “ponen de manifiesto que existe un perjuicio al medio ambiente” por varios motivos, entre ellos que “no existe una correcta gestión de los lixiviados, lo que podría ocasionar una contaminación de un acuífero”; ni tampoco control de los gases, lo que podría causar incendios, “sin que existieran medidas de extinción”.

Riesgos para la seguridad en un "espacio natural protegido"

En 2016 se realiza otra inspección en la que, además de lo anterior, se apunta que “el 90% de la actividad está dentro del espacio natural protegido”, que el suelo “no se encuentra impermeabilizado” frente a fugas de residuos; y que hay envases de residuos peligrosos, algunos aparatos electrónicos sin descontaminar e, incluso, “restos de motos de agua”. “El vertido se realiza de manera indiscriminada y sin ningún tipo de criterio”, se indicaba.

En otros documentos posteriores se incide en los riesgos para la seguridad de las personas por la inestabilidad del terreno, el posible inicio de un foco de llama “que se propagaría rápidamente” y, además, el incumplimiento de la legislación y las normativas en distintos apartados, según se precisa en el escrito provisional de la Fiscalía malagueña, concluyéndose que existía “un elevado riesgo de alteración del equilibrio de los sistemas naturales”.

Para el Ministerio Fiscal, la edil nerjeña Mari Nieves Atencia, también acusada, conocía y aceptaba como propias las decisiones del regidor respecto al vertedero, cuyo cierre se anunció en 2016.