"Hay que apostar por las medidas alternativas de prisión, en la medida de lo posible, y dejar la cárcel como último recurso"
Marcelo Aebi | Profesor de criminología de la Universidad de Lausana y director de la encuesta SPACE
Marcelo Aebi es profesor de criminología en Universidad de Lausana y director del estudio SPACE, Estadísticas Penales Anuales del Consejo de Euopa. Conoce bien la ciudad y la situación penal española porque enseñó Criminología en la Universidad de Sevilla entre los años 2000 y 2005. Ahora ha vuelto a Sevilla para presentar los resultados de SPACE II en la conferencia de directores de servicios penitenciarios y de gestión de sanciones y medidas alternativas que se ha celebrado recientemente en Sevilla.
-La encuesta señala que tras varios años de crecimiento constante, el número de personas que están cumpliendo medidas alternativas de prisión en Europa se ha mantenido estable entre enero de 2020 y enero de 2021. ¿Como es la situación en España?
Desde el año 2010 se aprecia una disminución de la población penitenciaria. Esto es contrario a todas las lógicas porque tradicionalmente se pensaba que las crisis económicas venían acompañadas de un aumento de la población reclusa.
-¿A qué se debe este cambio en la tendencia?
-Probablemente el estado de bienestar social existente evita que la gente con menos recursos y en situación de extrema pobreza pueda recurrir a algún tipo de delito contra la propiedad. El sistema de bienestar social parece funcionar relativamente bien. Si existe pobreza extrema, aparece en algunos colectivos que generalmente no tienen acceso a esos beneficios. Este punto es algo que se olvida muchas veces en los debates, por ejemplo, sobre inmigración.
-España está por encima de la media en población reclusa. ¿Hay más delincuentes aquí que en el resto de Europa?
-España aplica penas relativamente largas, por lo que, aunque es cierto que está bajando, siempre va a tener población penitenciaria relativamente alta. La cifra en España es alta, tanto la cantidad de personas en prisión como las que tienen algún tipo de control alternativo. Esto da para pensar como sociedad. La única manera de disminuir la población reclusa es reducir la duración de las penas. Si van a la cárcel por 20 años, van a ocupar plaza durante ese tiempo y cada recluso cuesta unos 80 euros por día. En muchos debates sobre la prisión se olvida el coste que tiene un recluso. Si apuestan por endurecer las penas, ¿eso quién lo va a pagar?. El Estado somos todos, lo pagamos todos. Realmente, nadie dice cuánto va a costar esto.
Para ver qué es la prisión, el confinamiento fue un buen ejemplo, pero mejor aún, enciérrate 48 horas en un baño y luego me cuentas qué tal se vive saliendo una hora por día. Cuando los debates se vuelven muy teóricos y demagógicos estas cosas se olvidan. La gente en el confinamiento no soportaba más. Se levantaron en parte porque el Covid disminuía, pero también porque la gente ya no podía más.
-¿Y qué solución propone como experto en criminología?
-La pregunta que hay que hacerse es: Si alguien es condenado a 30 años en prisión -la delincuencia violenta es casi siempre de hombres- y hay un desarrollo físico que hace que con el tiempo esto disminuya. ¿Cuál es el objetivo de dejar a una persona, salvo que sea un psicópata (1 y 3% de la población y no todos cometen delitos), por 40 o 30 años?. En teoría ingresan en prisión para reintegrarlos a la sociedad, si alguien tiene argumentos sobre que después de 30 años en prisión una persona se reintegra en la sociedad, me gustaría escucharlos.
Como opción a esto están las penas alternativas. Hay un movimiento en el Consejo de Europa que viene insistiendo desde hace mucho tiempo en dejar la prisión como último recurso y aplicar, en la medida de lo posible, las penas alternativas, que implican cierto tipo de control. Esta persona no está libre, está sujeta a una serie de controles.
Hay muchas penas alternativas: trabajo en beneficio de la comunidad, controles telemáticos con brazaletes y esto probablemente sea el futuro para muchas cosas. El único riesgo que hay es que en lugar de utilizarlas como alternativas a prisión, se usen para delitos que hubieran quedado sin cárcel. Es decir, aumentarían las personas que están bajo el control del Estado, en lugar de reducirlas.
-Cada vez que surge el debate sobre la duración de las penas en España se alude al deseo de los ciudadanos de mayor rigor en las condenas para conseguir seguridad ciudadana, ¿es cierta esta percepción en Europa?
-Hay países como los nórdicos que tienen un sistema mucho menos punitivo desde hace, por lo menos, 50 años. Países Bajos ha disminuido de manera importante su población reclusa desde hace 30 años. Suiza tiene baja población penitenciaria y medidas alternativas. España tiene relativamente altos los dos índices. Luego, a veces hay subestimación de los ciudadanos. Creer que los ciudadanos quieren siempre más rigor en las penas es un error grave, habría que explicar bien cómo funcionan las cosas. Se subestima mucho la capacidad de razonamiento del ciudadano.
España está un poco por encima de la media en cuanto a población penitenciaria. No es mala posición. Pero hay que tener el valor de decir que las penas largas no sirven para mucho. A veces se instrumentaliza un poco a las víctimas para reclamar más rigor cuando habría que ver los estudios que avalan la ventaja de tener una persona mayor de 60 años en prisión, salvo que sea un psicópata. Si ya no representan un peligro para la sociedad. No hay ningún indicador de que una pena más larga socializa mejor que una pena mediana.
-¿Han evolucionado también los delitos?
-Hay muchas teorías sobre la delincuencia. Todas explican una parte de la realidad. Las que estaban basadas en motivos económicos eran válidas en el XIX y mediados del XX, pero no ahora. Actualmente en países económicamente desarrollados el robo por necesidad no existe. La población penitenciaria ahora está compuesta por una mayoría de personas con delitos de violencia y droga. Sin embargo, en los años 70 la mayoría de los reclusos tenían delitos contra la propiedad. Esto se suma a que ahora hay cambio en los delitos que se persiguen, como ocurre por ejemplo en la percepción de la violencia. La sociedad, en general, la tolera cada vez menos. Todo eso se refleja también en las leyes.
-¿Primero la ley o el delito?
-A veces las leyes también tienen un efecto formador. El caso típico es el consumo del tabaco. Cuando se prohíbe en diferentes sitios, disminuye su consumo. Los delitos también están cambiando. Los países que tienen encuestas de victimización, donde se pregunta a las personas si fueron víctimas de un delito, como Reino Unido, Bélgica, Holanda, reflejan que entre un tercio y la mitad de los delitos pasan en el ciberespacio. Ahora también hay tipos híbridos. Antes había acosador y los chicos no iban al colegio porque en casa se sentían protegidos, ahora también les acosan a través de las redes sociales. Este tipo de delincuencia es difícil de perseguir.
Hay muchas veces que el debate no corresponde a lo que pasa. La gente tiene miedo de hacer una operación por internet y de perder el dinero. El debate político está alejado de esto, de lo que realmente está pasando en el ámbito de la delincuencia. Se quedaron a principios de siglo.
-¿Ha influido la pandemia en las estadísticas de población reclusa y delitos?
-Esa disminución que ya se venía observando desde hace diez años se ha visto acelerada por los confinamientos de la pandemia. Mucha de la delincuencia es situacional. Se da la oportunidad de cometer un delito. En los delitos de contacto es necesario un delincuente, la víctima y ausencia de control. En el confinamiento esa conjunción de personas no está. Quien te da un tirón y se lleva la cartera no está, el carterista no está. Este tipo de delitos. que son la mayoría, disminuye, por lo que se contradice la idea clásica de que no hay relación entre delincuencia y población penitenciaria.
-¿Tiene género el delito?
-El 95% de la población reclusa son hombres. En medidas alternativas, un 11% es algo más alta la presencia femenina. Esto tiene explicación si se debate dejando aparte los tintes ideológicos. Los hombres, por diferentes razones, unas genéticas y otras por aprendizaje, son más violentos. Las mujeres son menos violentas. En los años 70 con los movimientos de liberación de la mujer se anunciaba que iba a existir un aumento de la delincuencia femenina, que se iba a igualar a los hombres, y esto es algo que actualmente no se ha verificado. Actualmente en prisión hay mucha violencia y droga que no son delitos habituales entre mujeres. Las medidas alternativas son para delitos menos graves.
En penas alternativas hay menos extranjeros que en prisión, pero tiene explicación porque para poder acceder a ellas tienes que tener un domicilio estable en el país. El sistema introduce sesgos que son inevitables.
La población reclusa en España
Con 47.228 internos y una disponibilidad de 64.345 espacios residenciales, la ocupación de los centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado está 9,1 puntos por debajo de la media europea, situada en los 82,5 presos por cada 100 plazas. En el caso de las prisiones alemanas, el porcentaje de ocupación asciende a 81,6%; en Portugal, a 88,3%; en Francia, a 103,5%; y en Italia, a 105,5%. Dentro del territorio de la Unión Europea, solo Letonia, con 63 internos por cada 100 plazas, y Lituania, con 72,6, presentan cifras más bajas.
El tiempo medio de estancia en prisión es también más amplio que el de otros países: 22,7 meses. La media europea se sitúa en los 12,4 meses. Además, en los centros de la Administración General del Estado, un 25,7% de los internos cumple penas de entre 5 y 10 años; la horquilla más frecuente en Europa es la que va del año a los 3 años de condena (24,1%).
El número de internos en prisión preventiva, sin embargo, está muy por debajo. En las cárceles de la AGE solo un 15,2% se encuentra en situación provisional; un porcentaje 13,7 puntos inferior al 28,9% de Europa.
Del mismo modo, los centros penitenciarios de la Administración General del Estado presentan cifras inferiores a la media en número de condenados por homicidio —un 7,7% frente a un 13,9%—, por violación (rape, según la terminología que emplea SPACE) —2,9% frente a 4,6%—, por hurto —2,3% frente a 15%— y por delitos contra la seguridad vial —2,7% frente a 4,5%—. También sucede con el resto de delitos de carácter sexual —un 4,6% frente al 4,8%— y con aquellos contra la salud pública: 17,2% frente a 18,1%.
No ocurre así en el caso de los delitos contra el patrimonio, a excepción del hurto. En los centros cumplen pena privativa de libertad por robo un 31,9% de los internos; en Europa la media se sitúa en el 10,1%. En cuanto a los delitos económicos, con un 5,2% se supera el 4,3% europeo; no así las cifras de países como Francia (7,1%) o Alemania (9,8%). En materia de terrorismo, no hay diferencia: 0,5%.
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