Claves para entender la DANA, un mes después del desastre

Restos de la DANA en la Albufera valenciana, un mes después. / Rober Solsona, Europa Press
Loli Benlloch (EFE)

29 de noviembre 2024 - 19:18

Valencia/El primer mes de la DANA que devastó la provincia de Valencia el 29 de octubre deja las siguientes claves en distintos ámbitos como el político, el económico o el social:

El desastre natural

El 29 de octubre por la mañana empezó un potente e histórico episodio de lluvias en la provincia de Valencia, donde se formaron trenes de tormentas sobre las cuencas de los ríos Magro, Júcar, Turia y la Rambla del Poyo, que sufrieron crecidas extraordinarias que generaron desbordamientos de ríos y barrancos.

El barranco del Poyo, formado por la unión de tres barrancos a lo largo de 462 kilómetros cuadrados hasta desembocar en la Albufera, pasó de estar seco a transportar más de 2.000 metros cúbicos por la tarde y se desbordó con tal fuerza a partir de Torrent y Paiporta que se llevó por delante puentes, carreteras, coches, casas o vías de tren.

Un total de 222 personas fallecieron en las mayores inundaciones de este siglo y todavía se busca a cuatro. Miles de personas de 75 municipios lo perdieron todo en un desastre natural devastador, para cuya reconstrucción serán necesarios al menos 31.000 millones de euros, según la primera estimación de la Generalitat valenciana.

La barrancada dejó imágenes de destrucción propias de una guerra y a muchos municipios incomunicados, que recibieron la primera ayuda de miles de voluntarios que llegaron a pie desde la ciudad de Valencia. Un mes después, 20.000 profesionales siguen desplegados en las zonas afectadas, donde los trabajos están centrados en extraer el lodo de los garajes y retirar los 120.000 vehículos destrozados.

La gestión política

La gestión de la DANA ha puesto el foco político sobre el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien ese día mantuvo su agenda pese a que había alerta roja por lluvias, se fue a comer con una periodista para ofrecerle la dirección de la radiotelevisión autonómica y llegó a la reunión del centro coordinador de la emergencia, el Cecopi, a las 19:00.

Mazón ha acusado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de no haber dado la información necesaria para tomar decisiones -ambos organismos estatales lo han negado- y ha indicado que el aviso de alerta a los móviles a las 20:11 para que no se saliera de casa se envió ante el riesgo de que se rompiera la presa de Forata.

Pese a las reclamaciones de la oposición de que dimita o que el PP le destituya, Mazón se ha reivindicado para liderar la reconstrucción y ha remodelado su Consell, en el que ha apartado a las conselleras de Justicia y de Industria, ha creado una vicepresidencia para la Reconstrucción -con un militar al frente- y una Conselleria de Emergencias e Interior.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la destitución de Mazón al considerarle el principal responsable de la tragedia, mientras que el PP ha reprochado a Sánchez que no haya declarado la emergencia nacional y asumido el mando de la situación. Les Corts han aprobado crear una comisión que investigará la gestión de cada Administración.

El impacto económico

Las inundaciones han causado daños directos en los municipios afectados (donde vive el 40% de la población de la provincia, está el 36% de las empresas y generan el 31% del empleo) de 13.314 millones en los sectores de la construcción, la industria, el transporte, la agricultura, el comercio minorista y otros servicios y actividades urbanas, según la estimación de la Cámara de Comercio de Valencia.

La afectación en la actividad de la Comunidad Valenciana podría restar una décima al crecimiento de la economía española en el cuarto trimestre del año, según el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, mientras que sumaría 0,15 puntos, a largo plazo, al índice de precios al consumo (IPC), según el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.

Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor afectan ya a casi 27.000 trabajadores, mientras que, desde las Administraciones, el Gobierno de España ha movilizado 16.000 millones de euros y el Gobierno valenciano 400 millones para ayudar a las zonas damnificadas.

El alcance social

Un aluvión de organizaciones humanitarias, como Cruz Roja, Save the Children, Farmamundi o World Central Kitchen, entre otras muchas, se han volcado en ayudar a los numerosos afectados, a los que también ha llegado la ola de solidaridad de miles de ciudadanos, especialmente jóvenes, que se han volcado desde el primer día.

La situación en cuanto a enfermedades transmisibles en las zonas afectadas es según los expertos uno de los "mejores escenarios" que se podría tener, aun siendo "preocupante y con riesgos de complicación". Ha habido casos de gastroenteritis, leptospirosis y legionela, sin llegar a ser brotes, así como heridas, fracturas o cuadros respiratorios por aspiración de esporas de moho o inhalación de polvo.

El medio ambiente no ha sido ajeno al desastre, ejemplificado en la Albufera de Valencia, donde serán necesarios 9,5 millones de euros para recuperar un humedal que aspira a ser Reserva de la Biosfera de la Unesco y al que la riada arrastró residuos sólidos, incluidos coches y electrodomésticos, y productos contaminantes de las zonas industriales, que han puesto en peligro la biodiversidad y la producción agrícola del parque natural que baña a trece municipios.

El recorrido judicial

La gestión de la DANA tendrá también un recorrido judicial: los juzgados de Valencia han recibido de momento nueve acciones judiciales, siete de ellas penales, y el Tribunal Supremo una decena de denuncias o querellas relacionadas con la actuación de las administraciones públicas y sus responsables ante la catástrofe.

Las denuncias ante el Supremo se dirigen en su mayoría contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y han sido presentadas por Vox, Manos Limpias o Iustitia Europa.

En los juzgados valencianos las denuncias se han dirigido contra Mazón, la ex consellera de Interior Salomé Pradas y los responsables de la CHJ, Aemet o de la Delegación del Gobierno, presentadas por Iustitia Europa, CGT, Manos Limpias y particulares.

Las repercusiones en la cultura y el deporte

Las inundaciones han repercutido también en ámbitos como el deporte, donde los daños en el circuito de Cheste obligaron a trasladar a Montmeló el Gran Premio de Moto GP de la Comunidad Valenciana, se suspendieron partidos durante semanas -que se han retomado con sentidos homenajes-, y el maratón de Valencia de este domingo recaudará fondos para los afectados.

En el ámbito cultural, cientos de miles de libros han sido destruidos por el agua, que ha causado pérdidas de 153,3 millones de euros en el patrimonio (bienes, museos y colecciones museográficas) y en el sector cultural y creativo (editoriales, archivos, bibliotecas, artes escénicas, fallas y sectores musical y audiovisual).

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