La piratería de contenidos editoriales digitales alcanza al 67% de los consumidores

El Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita propone que las administraciones adopten medidas para proteger la propiedad intelectual del sector editorial

Ni el entorno laboral, ni las personas que te rodean: este es el verdadero ladrón de tiempo que hay en tu vida

La piratería de contenidos editoriales digitales alcanza al 67% de los consumidores
La piratería de contenidos editoriales digitales alcanza al 67% de los consumidores / Efe
Agencias

08 de octubre 2024 - 19:04

El 67,5% de los consumidores de contenidos editoriales digitales los obtienen a través de canales ilícitos, si bien el 40% de ellos desconoce que son contenidos piratas, según el Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita (2024-2025) que corrobora que la piratería está "extendida y normalizada".

El observatorio, presentado este martes por la presidenta del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), Carmen Riera, investiga las razones que impulsan a los piratas conscientes a esta práctica ilegal. El 74,3% argumenta que la tecnología facilita piratear libros, periódicos, revistas y partituras mientras que el 49,5 % aduce que recurre a esta práctica porque el precio de los contenidos originales es muy caro.

El estudio, realizado por Qbo Investigación y Estrategia sobre una muestra de 2.600 personas en el mes de mayo, también revela que el 80% de los encuestados demanda campañas de información efectivas.

Otros motivos que esgrimen los piratas digitales es la falta de campañas de concienciación, la dificultad de encontrar estas publicaciones en tiendas, la impunidad y falta de consecuencias y el hecho de considerar que lo digital tiene menos valor por no ser un objeto físico: "El 30 % de los consultados descarga más de lo que lee".

En la presentación, el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha tomado nota de estos datos y se ha comprometido desde el Ministerio a trabajar en su reducción con normativa y desde la escuela.

De la Rosa ha reconocido que este dato del 67,5% supone una "alerta". "El Ministerio ha entendido el mensaje", ha señalado el secretario de Estado, que ha garantizado actuaciones porque "la piratería es un latrocinicio, un robo y un desprecio a la labor cultural de autores y editores".

Piratear divierte y da prestigio

El observatorio también desvela que a los encuestados les divierte piratear contenidos, actividad que llega a convertirse en adictiva al igual que compartir escritos digitales gratuitamente por Whatsapp, Telegram o redes sociales, algo que para el 20% de los entrevistados da "prestigio".

No obstante y pese a esta práctica de piratería tan extendida, todos lo encuestados destacan el valor del trabajo de los escritores, traductores, periodistas y editores en la creación y difusión de contenidos de calidad.

El 92% de los consultados identifica al autor y al editor como garantía de calidad y credibilidad del contenido, tanto en los libros como en periódicos, revistas y partituras y el 87,57% considera necesario que la Administración Pública tome medidas para proteger la propiedad intelectual del sector editorial.

Autores y editores, a cargo de contenidos educativos

De los autores destacan la experiencia vital y profesional, la investigación y documentación, el tiempo invertido y el estilo de la escritura; y del colectivo editorial subrayan la labor de análisis de mercado, la selección de temas y autores y el rigor.

De ahí, que la mayoría considere que autores y editores profesionales deben ser quienes elaboren los contenidos educativos, y no las administraciones públicas y otras agentes.

Además, los participantes en el estudio observan una gran confianza en los materiales publicados por este tipo de editoriales para facilitar contenidos en abierto, por encima de otras fuentes e información como, por ejemplo, internet.

Soluciones

El informe propone que la Administración apoye la cultura escrita porque es un patrimonio cultural y garantía de futuro como sociedad.

Ese apoyo, dice, debe concretarse en políticas públicas que reconozcan social y económicamente los contenidos editoriales de calidad y los derechos de propiedad intelectual y en campañas específicas contra la piratería.

También recomiendan una educación que forme en buenas prácticas sobre la propiedad intelectual con los recursos existentes a todos los ámbitos de la sociedad, pero en especial a la comunidad educativa.

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