El cargador universal, obligatorio en España a partir de 2025

España se suma a la directiva europea para que que todos los móviles, tabletas y cámaras, entre otros dispositivos, que se comercialicen en nuestro país a partir del 28 de diciembre de 2024 se carguen mediante una clavija única tipo C.

Esta iniciativa, según ha informado el ministro para la Transformación Digital, José Luis Escrivá, tras la aprobación de la normativa, tiene como principal objetivo acabar con la gran variedad de cargadores que existen en el mercado actualmente y favorecer la comodidad de los usuarios.

Dispositivos involucrados

A partir de 2025, todos los cargadores de móviles, tabletas, cámaras digitales, auriculares, libros electrónicos, altavoces o videoconsolas portátiles, entre otros, y con independencia del fabricante, deberán contar con un puerto de carga USB tipo C.

Con la nueva legislación, que se trata de una modificación del reglamento sobre la comercialización de equipos radioeléctricos, los consumidores podrán utilizar un único cargador para una amplia gama de aparatos electrónicos portátiles de nueva adquisición. No obstante, podrá haber cargadores con diferentes características, como una mayor o menor potencia.

Esta nueva medida buscar ofrecer una mayor transparencia a la hora de informar al usuario sobre las características de cada aparato. "Se mejora la información que se le va a dar a los usuarios sobre las características de los cargadores", ha explicado el ministro José Luis Escrivá.

La homogeneización del cargador universal también afectará a los ordenadores portátiles. No obstante, para estos dispositivos el nuevo reglamento comenzará a aplicarse en abril de 2026.

¿Cuál es la imposición de la Unión Europea?

El pasado 4 de octubre de 2022, el Parlamento Europeo aprobó un proceso legislativo para la imposición del cargador universal en todos los países de la Unión Europea (UE), con el gran objetivo de generar menos residuos. Esta nueva norma afecta a todas las marcas y fabricantes que se comercializan en los países de la Unión Europea.

Esta legislación, que se está implementando ya en otros países, evitará que cada año 11.000 millones de toneladas de cables terminen en la basura y permitirá a los usuarios ahorrar unos 250 millones anuales año en compras de cargadores.