Las políticas sociales públicas en Andalucía tienen un impacto en la economía regional de 3.905 millones de euros, el 2,5% del Producto Interior Bruto (PIB) y generan 105.000 puestos de trabajo, el 65% de ellos del sector privado. Además, de cada 100 euros que las administraciones presupuestan y gastan en el tercer sector, se generan 127 euros de actividad económica, ya que, por ejemplo, en el caso de una residencia de ancianos, la subvención pública se destina a compra de alimentos, servicios de mantenimiento, compra de ropa, etc. Y eso genera una economía cuyo valor es superior a la propia transferencia.

Estas son las principales conclusiones del pionero Estudio sobre el impacto de las políticas sociales en la economía de Andalucía y su incidencia en el PIB, elaborado por los profesores de la Universidad de Málaga (UMA) José Manuel Cabello, Francisco Ruiz y Joaquín Aurioles y referido al año 2020. Su presentación ha tenido lugar este jueves en el salón de actos del Rectorado de la UMA y ha contado con la presencia de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación Rocío Ruiz.

Ruiz sostuvo en su intervención que el impacto económico de las políticas sociales es superior en Andalucía al de sectores como el de las energías renovables y las telecomunicaciones, y Joaquín Aurioles -encargado de desglosar el estudio- señaló por su lado que es similar al del alojamiento (hoteles, pensiones, hostales, etc.), al de la banca "si se excluyen los intereses" y al sistema privado andaluz de salud.

Aurioles especificó que el impacto directo del presupuesto liquidado de la Junta para políticas sociales en 2020 fue de 2.134 millones, a lo que hay que sumar el esfuerzo de las administraciones locales, lo que eleva el gasto a 2.501 millones. El impacto indirecto es de 1.401 millones y aquí se incluye desde la actividad generada por las transferencias a propia iniciativa privada, sea esta con ánimo de lucro o no. Y de esta forma llegamos a los 3.905 millones, una cifra que también tiene en cuenta el efecto inducido (el gasto generado por aquellos que se benefician del sistema, como los asalariados que trabajan en el tercer sector) y las "importaciones" de productos y servicios provenientes de fuera de la región.

En cuanto al empleo, la administración autonómica sostiene 34.417 empleos directos gracias a sus transferencias y 11.347  indirectos. En total, son 47.765, que son la mitad de los 105.000 puestos totales, ya que hay que sumar los que se generan por la acción directa de las administraciones locales y por la propia iniciativa privada.

En su intervención, la consejera Rocío Ruiz señaló que el objetivo de este estudio es "poder planificar políticas públicas eficaces desde el conocimiento, conocer las debilidades y las fortalezas del sistema y sobre todo evaluar su impacto, saber si llegan a las personas necesitadas o no y cómo llegan". Ruiz también señaló como meta de la Consejería a partir de este informe la de terminar con "esa idea preconcebida de que se trata de un gasto insostenible, y no es verdad". "Tenemos que superar el asistencialismo y llegar a la inclusión. Todos tienen derecho a tener su proyecto de vida. La mejor política social, además, es un empleo, y con estas políticas se generan muchos empleos", añadió.

Abogó, pues, por desideologizar este tipo de políticas y por que los actores (administraciones, patronal y sindicatos) "lleguen a consensos". "Tiene que ser una política de Estado, porque estamos hablando de derechos; la transformación económica no se producirá sin transformación social".