Las meretrices, cada vez más jóvenes y de origen español, siguen diciendo adiós a la calle en Málaga y casi a los clubes de alterne para mudarse a casas clandestinas, donde el seguimiento policial es más complicado. Allí, los proxenetas, y también los clientes, están endureciendo sus exigencias: ahora algunas son obligadas incluso a costearse un tratamiento de insulina para adelgazar, además de a drogarse si el cliente se lo pide. Son algunas de las condiciones impuestas por las redes de trata. Málaga Hoy realiza una radiografía del fenómeno en la capital de la mano de entidades sociales y policías. Todos ellos coinciden en destacar que, si bien la oferta de servicios sexuales en pisos de tapadillo lleva siendo, desde hace años, una realidad, ahora se ha afianzado. Y el éxito, para los que hacen caja con el oficio más viejo del mundo, está garantizado.

Entre las angostas paredes de estos burdeles domésticos no hay límites. Ni tampoco restricciones. Para ellas, el riesgo se incrementa; para ellos es un negocio redondo. “Las redes criminales tienen así menos presión y ejercen más control y poder sobre las mujeres”, apostilla Begoña Arana, fundadora de Nuevo Hogar Betania. 

La misma visión comparte la ONG Mujer Emancipada, una de las asociaciones que en Málaga ofrece –a las mujeres que se lo permiten– talleres, asistencia legal, psicológica o ayuda para la inserción laboral. “La prostitución se ha reducido en la calle porque se traslada a otros espacios más privados en los que se dificulta más el acceso a la Policía y a nuestros recursos sanitarios y sociales”, denuncia la portavoz, Remedios Trujillo, que asegura que también en otros municipios de la provincia “están proliferando estos pisos y, sobre todo, la oferta en internet”.

Los proxenetas tienen una baza a su favor. Son conocedores de que la Policía no puede entrar en un domicilio particular si un juez no lo autoriza y que, para ello, es necesario que haya fundadas sospechas de que en el interior se está produciendo un delito. El Ayuntamiento, sin embargo, asegura no tener constancia de ese afianzamiento del fenómeno en casas particulares. “El control de la prostitución en pisos privados no lo manejamos nosotros directamente. Cuando tenemos conocimiento, se activan los protocolos de coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad y el acompañamiento en la intervención social”, apunta el concejal de Derechos Sociales, Francisco Cantos.

Otras fuentes municipales consultadas argumentan que la migración a los inmuebles clandestinos tiene más que ver “con un efecto postpandemia”. “Las bandas criminales siguen funcionando igual. Tienen una red de pisos y a las chicas dentro”, destacan.

Marbella es uno de los municipios en los que estas viviendas clandestinas se han multiplicado. “Legalmente poco podemos hacer”, añade un policía, que proporciona la ubicación exacta de uno de los pisos en los que, muy cerca del centro marbellí, mujeres se prostituyen. Muchas vienen engañadas a España y “nunca llegan a pagar la deuda” que han contraído con la red. “A algunas las tienen amenazadas, como a las nigerianas”, subraya el investigador. 

Dibujar un panorama de la prostitución en Málaga es tan complicado como borroso por el limbo jurídico en el que se desarrolla. Pero el retrato de mujeres aguardando en aceras, descampados o polígonos ya no es el que más se ajusta a la realidad. La afluencia es cada vez más reducida, también por la presión policial. En el último año han crecido más de un 130% el número de sanciones por ofrecer y solicitar servicios sexuales en la vía pública a menos de 200 metros de “centros docentes, educativos, parques infantiles, zonas residenciales, comerciales o empresariales”. Así, las denuncias han pasado de 77 en 2022 a 178 hasta finales de octubre. En 2021, fueron 157, según los datos del Ayuntamiento, que esta vez no los ha segregado, por lo que no se distingue cuál es la proporción de meretrices sancionadas y de consumidores.

Multas entre 750 y 1.500 euros

Infringir la norma incluida en la Ordenanza municipal de Convivencia supone enfrentarse a multas de entre 750 y 1.500 euros. Doce años después de comenzar a aplicarse esas sanciones se han intensificado las voces críticas que piden que se penalice al consumidor y no a las mujeres. “Si se multa solo a la víctima no se profundiza en por qué están en la calle. Cada vez tenemos a más chicas víctimas de la trata”, remacha la directora de Nuevo Hogar Betania, convencida de que el consumo de pornografía se acaba convirtiendo en la puerta de entrada a la prostitución. Y pide prevención. “Hay despedidas de soltero en clubes o en pisos con jóvenes prostituidas. Es necesario poner el foco ahí”, recalca.

A su juicio, una “variable invisible” de la práctica de comprar sexo es la explotación, “casi siempre vinculada a la prostitución”. “Hay un hilo diferenciador muy peligroso. Es un tipo de violencia sexual ligada a la trata de seres humanos”, resalta Begoña, que incluso deja entrever “la venta de virginidades”, lo que implica “una pérdida total de los derechos fundamentales”. 

Un ejemplo paradigmático de esta explotación es la investigación policial que hace unos meses permitió liberar en Málaga a 20 mujeres explotadas por un grupo criminal que, según las pesquisas, las forzaba sin descanso. Eran sometidas a una fuerte vigilancia a través de un sistema de cámaras oculto. Tenían otra misión encomendada, la de vender droga a sus clientes.