El Juzgado de Instrucción número cuatro de Marbella ha llamado a declarar, por segunda vez, a Michelle van Gaalen, la mujer del exalcalde de Mijas Ángel Nozal (PP), investigada por un presunto delito contra el patrimonio en una comunidad de propietarios de Marbella, Cabopino, de la que es administradora.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Van Gaalen y el presidente de la urbanización, Gianni Fieno, tendrán que prestar declaración ante el órgano judicial el próximo 30 de abril a las 12:00 horas como "responsables de hechos aparentemente constitutivos de delito", según el documento de citación al que ha tenido acceso EFE.

Los investigados, que pospusieron hasta después de las pasadas elecciones municipales su primera declaración alegando cuestiones médicas y dificultad para viajar, solicitaron a la Fiscalía en abril del año pasado que desestimase la causa contra ellos, cuestión que rechazó el Ministerio público a la luz de la información que obraba en su poder en ese momento.

Michelle van Gaalen, administradora de profesión, se hizo cargo de la empresa de administración de fincas Servicios Alcántara cuando su pareja sentimental y fundador de la misma, Nozal, se postuló para la alcaldía de Mijas.

El juzgado que instruye la causa entiende que los hechos que resultan de las actuaciones realizadas "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal" por lo que se incoaron diligencias previas desde hace más de un año y se informó de ello a la Fiscalía.

La denuncia fue interpuesta por un grupo de propietarios de esta urbanización que detectaron una serie de presuntas irregularidades en las cuentas de la comunidad.

Los denunciantes quisieron ver los libros y revisar la contabilidad, pero no se los dieron y tuvieron que recurrir a la justicia, que acabó abriendo diligencias por posible falsedad documental y contable.

Comunidades secuestradas

Al margen de las actuaciones judiciales, los denunciantes se quejan de que Servicios Alcántara, que administra la urbanización desde hace más de 35 años, primero con Nozal al frente y luego con su pareja, "tiene secuestrada la comunidad", explica a EFE una propietaria, Maribel Gómez, hasta el punto de que "cambian al presidente cuando quieren si éste no se amolda a ellos".

Por su parte, Gianni Fieno -que este año se ha aprobado la contratación de un asistente personal para él con cargo a los presupuestos de la comunidad- es presidente de Cabopino desde hace más de quince años, relata Gómez, y con el adecuado asesoramiento de la administración "ha ido aprovechando las ventajas de ser el presidente".

"Se rodea de amigos y compra los votos con favores a los propietarios", añade, luego se presenta en las asambleas con mayorías de representaciones que, asegura, no les dejan ver y saca adelante todas sus propuestas, "muchas veces perjudiciales para los intereses de la urbanización", recalca.

El caso del presidente con un sueldo de casi 90.000 euros 

El de Cabopino no es un caso aislado, en Torre Bermeja, en Estepona, el presidente de la comunidad, Stephen Hills, se aprobó para sí mismo en la última asamblea de propietarios un sueldo de casi 90.000 euros y la exención del pago de las cuotas de comunidad (9.520 euros).