Dejó escrito Maximilien de Robespierre, en un discurso ante la Convention Nationale de Francia, en 1794, que "he sido hecho para combatir el crimen, no para gobernarlo", reflexión que muy seguramente es desconocida, según vemos cotidianamente, por aquellos que hoy en día tratan, desde las más altas instancias del Estado, de gobernar el crimen para que el apoyo de los criminales resulte, al fin, en beneficio propio, aunque para ello haya de debilitarse el propio Estado y retorcer las leyes que se hicieron para protegerlo y así garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

Apenas hace sólo unos días que entraba en vigor, plenamente, la modificación legislativa que hasta ahora penalizaba, con la merecida dureza, a aquellos que aprovechando el lugar de privilegio que ocupan por merced de las urnas, por nombramiento o incluso por haber accedido a la función pública, intervenían en la administración de los dineros públicos, apropiándose de parte de ellos o propiciando que injustamente otros, fuera de toda ley, de ellos se aprovechasen. Malversación es el delito tipificado, porque es un modo de robar -hablando en román paladín- el dinero que, por el contrario, debiera de protegerse desde las públicas instancias y dedicarse sólo para lo que previamente se había destinado y siempre en beneficio e interés público.

Pero héteme aquí, cavilando ante la noticia de que, al haberse atenuado la pena aplicable hasta ahora a aquellos que tales latrocinios realizasen, en beneficio propio o ajeno, hurtándolo del empleo en sólo el interés de la ciudadanía, lo que, al parecer va a permitir -está ya permitiendo- que aquellas personas, principalmente políticos, que metieron la mano en el cajón del pan cuando nadie los miraba, burlando la vigilancia de interventores y técnicos funcionarios -o en algunos casos, también, con la anuencia de éstos- se encuentren que las penas a aplicar por los jueces diligentes habrán de ser más atenuadas, mucho más atenuadas que hasta ahora. E incluso, aquellos que ya están cumpliendo condena por sentencia firme, puedan recurrir -como de hecho así lo están haciendo ya- para que se les apliquen los beneficios de la nueva legislación.

Lástima de tiempo, del todo lamentable, en que los poderosos emplean el poder y la influencia prestados por el Pueblo no ya en exaltar, ni al menos en proteger la probidad y la honradez de los que tienen encomendado el gobierno de la cosa pública, prefiriendo -¡inmorales!- beneficiar al criminal suavizando las leyes penales de manera que los corruptos hasta puedan salir de las prisiones mucho antes y confundirse con ciudadanos decentes por las calles. ¿A cambio de qué?