QUE la política, como la vida misma, es un teatrillo forma parte de los lugares comunes que todos tenemos asimilados. Pero en los últimos tiempos la comedia patria ha entrado en la locura argumental, como escrita por un dios demente y cruel. Es una broma que el presidente que más descaradamente ha mentido a la opinión pública se nos quiera presentar ahora como un adalid de la “renovación democrática” y la verdad. Y junto a Sánchez está esa guardia pretoriana de ministros en la niebla que intentan esconder su ínfimo nivel intelectual y técnico con bravuconadas dirigidas a tensar la sociedad española. El paradigma es Óscar Puente, cuyos continuos insultos, exabruptos, descalificaciones y cancelaciones a todos aquellos políticos o periodistas que no piensan como él tendrían un carácter paródico si no fuese por el daño que está haciendo al prestigio de nuestra democracia y a sus instituciones. Lo hemos visto estos días con sus descalificaciones groseras contra el peculiar presidente de Argentina, Javier Milei, que como era de esperar ha respondido con toda su artillería verbal (que no es poca). Ahora mismo España tiene abierta una crisis con un país hermano (sí, hermano) por un ministro bocazas. Y nadie en el Gobierno de Progreso ha pestañeado.
Para terminar la pasada semana, el ministro Ángel Víctor Torres se fue a las puertas del campo de concentración de Mauthausen (Austria) con el fin de arremeter contra los pactos PP-Vox y sus leyes de concordia para coser el siete que la mal llamada “memoria democrática” está haciendo en la convivencia entre ciudadanos. “Apelo a los presidentes autonómicos del PP que vuelvan a la senda del respeto a los derechos humanos”, dijo en un tuit el canario. No se puede caer más bajo. Usar el holocausto de seis millones de judíos en el centro y el este de Europa para los manejos políticos de un Gobierno acorralado no es una banalidad, sino una indecencia.
Son curiosos los paralelismos que se pueden encontrar entre las leyes de “memoria democrática” y las anunciadas medidas de “regeneración democrática”. Las primeras arremeten contra todos los historiadores y ciudadanos que no comulgan con el relato oficial de lo ocurrido en España entre 1931 y 1975. Las segundas, incluso antes de ser concretadas, ya se sabe que irán contra los periodistas que mantienen una actitud crítica con el poder. A todo aquel que no comulgue con el sanchismo, sea historiador o periodista, se le coloca el cartel de pseudo, como negándole el derecho a existir. Ahora resulta que es el Gobierno y sus voceros quienes se creen con el derecho de repartir carnés de periodista e historiador.
