Una de las garantías de pervivencia del sistema democrático es la separación práctica y efectiva de los tres poderes del Estado. Algo más de un año hace que se oyen voces que denuncian una clara merma de derechos y libertades individuales que, al socaire de la declaración del estado de alarma por el Congreso de los Diputados, ha venido siendo aprovechado por el Gobierno de coalición socio comunista para promulgar disposiciones que podrían estar suponiendo, de facto, una clara merma de lo que se ha dado en llamar "calidad democrática" en nuestro país, más allá de lo verdaderamente justificable por la situación de la pandemia del Covid-19.

Este asunto, que podría transformarse en peligrosa situación para la integridad nacional, no es en absoluto baladí. En este país, la reinstauración del Estado Democrático ha necesitado de la lucha de varias generaciones y a muy distintos niveles e incluso intensidades. Y algunos tenemos muy claro que un golpe de estado se puede dar, no sólo tomando el Congreso de los Diputados a punta de metralletas, sino también -y desde luego mucho más sutilmente, pero igual de peligroso- mediante un premeditado y planificado intervencionismo del Ejecutivo sobre el poder Judicial, que es un camino, también, bastante seguro para transformar una sociedad democrática en otra, sometida de igual modo por un tirano, un tirano social comunista, que fomenta más la meditación sobre el sexo de los ángeles que la adecuación real del esfuerzo del poder gubernamental a la resolución de los verdaderos problemas que sufre la sociedad y la ciudadanía de ese Estado.

Contrariamente al pensamiento de Francis Bacon, las democracias no suelen ser más tranquilas ni están menos expuestas a la sedición, sino que, como sostuvo el Papa Juan Pablo II, "las democracias necesitan de la virtud, si no quieren ir contra todo lo que pretenden defender y estimular". Y es muy dificultosa la defensa del sistema democrático cuando la pervivencia de un gobierno ha de fundarse en coalición contra natura, conformada por partidarios -que no tanto defensores- del statu quo democrático como es, supuestamente y aún, el PSOE, junto a declarados enemigos del sistema político, de la Constitución que lo sustenta, del respeto y acatamiento a las determinaciones del sistema judicial y -muy principalmente- de la integridad territorial del propio Estado.

Y los jueces, a estas alturas de la comedia, empujados y constreñidos por los empellones que les practica este (des)Gobierno y teniendo que acudir, en defensa de la independencia de su togada función, a impetrar el amparo de la Unión Europea, por eso que han dado en llamar "mordaza de Sánchez". ¡Lo que ha cambiado el cuento de Caperucita socialista! ¿O no?