No se asusten, este artículo no es un análisis de la situación política que vive nuestro país desde hace años, y que alcanzó un momento crítico cuando el presidente del Gobierno anunció que se tomaba un periodo de cinco días para reflexionar si dejaba sus responsabilidades actuales. Decidió seguir. Desde el momento que hizo saber que había decidido pensárselo y hasta hoy hemos comprobado la tremenda polarización de la política española, totalmente estéril. Entre otras, cosas, impide los grandes –y pequeños– consensos que la economía española necesita para adentrarse en las procelosas aguas de un mundo global en transformación. Y que además no regala nada. Aquella empresa o economía que se duerme pierde oportunidades. El ensimismamiento y polarización de la política española no está trayendo nada bueno. Está convirtiendo en inexistente –o yermo– un terreno donde fuera posible el acuerdo o el diálogo en beneficio del país.

Dejando de lado el análisis político, que no me corresponde, la economía española, a pesar de su comportamiento razonable en los últimos ejercicios, presenta unos desafíos para los cuales el consenso vendría de perlas. Aspirar a algo similar a los Pactos de la Moncloa de 1977 es, en estos momentos, una utopía. También parece muy difícil que se alcancen acuerdos para algunas de las reformas o decisiones económicas trascendentes de los próximos años. El propio enconamiento político absorbe tanto tiempo que resta una gran parte del mismo y de los esfuerzos asociados que se podrían dedicar a cuestiones mucho más útiles desde la perspectiva económica y social. Que el bienestar y como lograrlo pase a ser la prioridad real para toda la clase política ya sería un notable avance, aunque tuviera que competir en tiempo y esfuerzo con otros debates políticos improductivos. Pasaría a ser una prioridad más clara. Sin embargo, y a pesar de los desafíos económicos tan importantes, el foco de la visibilidad está permanentemente en otros temas. Cualquier indicador de temas tratados en programas de radio y televisión o del número de tuits permite comprobar que la guerra política cruenta atrae la mayor parte de las opiniones y debates. Esto no quiere decir que no se trabaja en acciones de política económica –que sí se hace–, pero aparecen normalmente diluidas en un mar de temas más banales que no mejoran la vida de los conciudadanos. Por ejemplo, el semestre europeo que presidió España en la segunda mitad del 2023 no tuvo la relevancia social que correspondería, por los numerosos eventos políticos acontecidos en paralelo, en un momento en que nuestro país tenía que mostrar su mejor cara en capacidad de gestión en la UE.

Más allá de la insuficiencia de tiempo, priorización suficiente y visibilidad de los asuntos económicos, la falta de mínimos consensos está impidiendo un ambiente propicio a las reformas. Un buen botón de muestra es la prórroga de los presupuestos para 2024. Desaparecieron de un plumazo –como si no tuviera repercusiones económicas– de la agenda política. No contar con esa herramienta menoscaba el alcance y la oportunidad temporal de muchas acciones públicas para atender a las necesidades actuales. En casi todos los países de nuestro entorno, los dos o tres principales partidos terminan apoyando los presupuestos, reconociendo su trascendencia.

Las cuestiones estructurales o bien han sido aparcadas o se encuentran alejadas de un buen diseño desde hace tiempo. A saber, la necesidad de aumentar productividad, la sostenibilidad de las pensiones, la conveniencia de una reforma fiscal que garantice la suficiencia, eficacia y equidad de las acciones públicas o la dramática situación del mercado de vivienda (especialmente en las grandes ciudades). Asuntos de calado de varias legislaturas y que requieren grandes consensos políticos y mayor coordinación entre administraciones territoriales gobernadas desde signos políticos distintos. El tema de la vivienda lo traté en esta misma cabecera editorial hace unas semanas. Son materias incómodas por sus posibles consecuencias electorales, como la sostenibilidad de las pensiones públicas, pero se deben tomar medidas que logren el máximo bienestar para el conjunto de la sociedad y garanticen los equilibrios intergeneracionales. Hasta donde yo sé, ningún partido político ofrece soluciones realmente útiles en materia de pensiones, por el temor a un correctivo de una sociedad envejecida. Se requiere franqueza, pedagogía e imaginación y los consensos son más necesarios que nunca. Y estamos más lejos que nunca de ese diálogo productivo que tantos frutos podría traer. La reforma fiscal por su complejidad y por la posibilidad de que existieran “ganadores” y “perdedores” en la misma es otro asunto que se pospone sine die desde hace tiempo. Lo curioso es que, en los últimos años, como con las decisiones que tomaron en la pandemia a escala global –con un cierto activismo del gasto fiscal para “no dejar a nadie atrás”– las posiciones ideológicas, al menos en la práctica, de los partidos de distinto signo en Europa, se han acercado, concediendo todos, con diferente intensidad, un mayor papel a la corrección de los fallos de mercado, algo que hace unas décadas -por ejemplo en los años 1980- era impensable. Hay, por tanto, en la actualidad, al menos en teoría, más zonas ideológicas compartidas en los diferentes partidos. Este proceso ha venido acompañado de las contribuciones de destacados economistas como Daron Acemoglu con sus teorías alejadas de convencionalismos mainstream, que ofrecen soluciones para el avance de las economías, que muchos analistas y políticos de diferente signo están abrazando. En teoría, existen nuevas bases de esperanza para mayores consensos y, por consiguiente, para nuevos logros económicos y sociales. Sin embargo, con este ambiente político casi irrespirable como el actual parece muy difícil en la práctica. En todo caso, hay que seguir señalándolo todo lo que haga falta por las grandes ventajas para el conjunto de los ciudadanos.