La Junta asocia la recuperación económica a la aprobación de los Presupuestos de 2022

"Los Presupuestos de la recuperación". El mensaje que el Gobierno andaluz quiere enviar con el anteproyecto de cuentas para 2022 es claro. La idea figuraba en el rótulo de los atriles donde, este miércoles, han comparecido los consejeros económicos del Ejecutivo de PP y Ciudadanos acompañados por el portavoz, Elías Bendodo. Tanto Juan Bravo, titular de Hacienda, como Rogelio Velasco, titular de Economía, han vuelto una y otra vez a la idea durante el desglose del texto, que contempla un montante de 43.816,3 millones de euros, un 64,5% de gasto en sanidad, educación y políticas sociales y casi 6.000 millones de fondos europeos, un 42% más que en el pasado ejercicio.

El proyecto aprobado hoy en el Consejo de Gobierno y registrado ya en el Parlamento contempla un cuadro macroeconómico optimista. Con crecimientos del PIB del 6,5% en 2021 y un 7% en 2022 -medio punto más que en el conjunto del país- y una previsión de creación de entre 115.000 y 125.000 puestos de trabajo. "Estos Presupuestos van a jugar un papel importante en el relanzamiento del crecimiento", ha vaticinado Velasco, que mantiene la previsión económica a pesar de los "nubarrones" provocada por el aumento de los precios energéticos y la crisis de la cadena de abastecimiento internacional.

Parte de ese crecimiento que prevé el Gobierno andaluz debe generarse a partir de los fondos europeos, que suponen 5.899,8 millones del presupuesto de gasto, entre dinero extraordinario de los planes de recuperación y los planes plurianuales. La llegada de más fondos procedentes de Bruselas han permitido aumentar hasta los 5.666,37 millones de euros la cantidad de inversión pública, un 42% más que en las cuentas vigentes. El naufragio de las cuentas dificultará la puesta en marcha de los proyectos asociados a esos fondos, pero Velasco ha matizado que no provocará un impacto importante en la previsión de crecimiento.

Pese a todo, Juan Bravo ha admitido que sin Presupuestos de 2022 "tendríamos muchas dificultades", abundando en el mensaje y elevando la presión sobre los grupos parlamentarios para sacar adelante las cuentas. La tesis del Gobierno es que difícilmente se puede justificar un rechazo a un proyecto con un gasto récord y "sin ideología", es decir, sin componentes que pueden provocar la negativa de PSOE, Vox o Unidas Podemos. Como ejemplo, el consejero de Hacienda ha puesto el foco en la reforma fiscal, que se ha aprobado de forma independiente como un guiño a los socialistas. "Se ha hecho de tal manera que todo el mundo se puede sentir cómodo con él", ha enfatizado Bendodo, quien ha aludido directamente a PSOE y Vox para que modifiquen su postura antes del 18 de noviembre y permitan la tramitación de las cuentas del año próximo.

El principal argumento del Gobierno para granjearse el apoyo de los grupos hay que buscarlo en el porcentaje del Presupuesto que se dedica a sanidad, educación y políticas sociales. Seis de cada diez euros (60,6%) del gasto no financiero que contemplan las cuentas se dedica a esas partidas, aunque puede ser más (64,9%) si se incluye el modelo de financiación de las universidades públicas. Aquí se incluye un presupuesto récord para sanidad, que tendrá 12.900,5 millones de euros y que permitirá superar los 120.000 efectivos sanitarios. Esta apuesta sirve, según ha defendido Bravo, para atender algunas de las peticiones de los partidos, pero también para apaciguar la contestación social que están provocando las carencias en Atención Primaria. Para educación hay 8.016,2 millones, a lo que hay que sumar 1.720,5 en universidades, mientras que para dependencia hay 1.635,2 millones.

A pesar de estos números, el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos se enfrenta a su negociación presupuestaria más compleja. La separación de Vox después de tres años de acuerdos y la enrevesada negociación que el Ejecutivo ha mantenido con el PSOE aleja la aprobación de esas cuentas, pero eso no supondrá un adelanto electoral automático. El portavoz, Elías Bendodo, aseguró en la comparecencia que el hipotético fracaso de las cuentas no se traducirá en la convocatoria automática de elecciones anticipadas, ya que el Gobierno confía en poder acabar la legislatura con la prórroga de las cuentas vigentes y, ha asegurado, continúa trabajando con la fecha del 27 de noviembre para los comicios.