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En las últimas semanas han llegado a las costas andaluzas pateras llenas de menores inmigrantes. Y sólo de menores. El lunes fueron 45 menores, pero en días pasados desembarcaron pateras con cien menores, y sólo menores, y hasta con 200. Se trata de otro tipo de inmigración; por lo general, protagonizada por chavales de más de 12 y 14 años y procedentes de Marruecos y de Argelia. Son ellos los que han obligado a que la Junta destine el 70% de las plazas de sus centros de acogida a estos menores, mientras que los niños españoles más pequeños han sudo derivados a la acogida familiar.
La consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, ha informado al primer Consejo de Gobierno tras las vacaciones de la situación de estos centros. A lo largo de 2018, ya han recogido a 4.098 niños (menas, que son Menores Extranjeros no Acompañados), pero la financiación extraordinaria que genera sólo llega desde la propia Junta. Ni el Gobierno central da más dinero ni la insolidaridad del resto de las comunidades permite unos repartos por cuota. Tal como ha explicado Sánchez Rubio, “las costas andaluzas son las fronteras de España y de Europa, porque no van a entrar por los fiordos, por lo que España y la Unión Europea se deben implicar”.
A pesar de los problemas de convivencia que se han dado en algunos centros entre menores de distintas nacionalidades, la consejera sostiene que la situación es de normalidad y que la salida de pequeños españoles para quedarse con familiares de distinto grado es una decisión anterior. La política de esta Consejería es que los menores, siempre que se pueda, estén en acogida familiar, y que en los centros sólo haya menores de 12 años.
La Junta ha ampliado este verano su dotación con 451 nuevas plazas de emergencia, con lo que ya suman un total de 1.151. Ello obligó a solicitar un crédito extraordinario de seis millones de euros, que llegan a los 45,4 millones de euros, que es lo que cuesta este tipo de atención. En Andalucía hay 208 centros y 4.000 trabajadores contratados en la actualidad.
Las reclamaciones de la Junta no han conseguido eco ni en el Gobierno central ni en las comunidades autónomas. Las regiones no desean saber nada de asumir nuevas cargas, y el Gobierno de Pedro Sánchez argumenta que sus presupuestos de inmigración también han aumentado y que no queda nada para la Junta. La única opción es que los Presupuestos Generales del Estado de 2019 creen un nuevo fondo de solidaridad, y que en base a éste se pague una cantidad a las comunidadades por cada menor recogido.
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