La Policía Local de Málaga carece de base legal para quitar los patinetes mal aparcados
Movilidad
La Asesoría Jurídica señala que solo se puede multar a las empresas
El Ayuntamiento quiere ahora cambiar la norma de Vía Pública para que se puedan retirar
La imagen de decenas de patinetes eléctricos de alquiler repartidos en las calles, plazas y aceras de Málaga capital seguirá formando parte del paisaje urbano de la ciudad ante la ausencia de una base legal que permita a la Policía Local proceder a su retirada. La confirmación de esta incapacidad salió a relucir la semana pasada en el marco de una reunión que mantuvieron las áreas de Seguridad y Movilidad con la Asesoría Jurídica municipal.
De la misma, se extrajeron dos conclusiones contundentes: la primera, que no hay una normativa específica que permita la retirada con carácter general de los patinetes de alquiler estacionados en las aceras o zonas peatonales; la segunda, que el equipo de gobierno del PP tiene intención de activar una modificación de la ordenanza de Vía Pública "para incluir una disposición que permita la retirada de cualquier objeto que ocupe la vía pública sin autorización municipal, lo que incluirá este tipo de VMP". Un trámite que, en cualquier caso, necesitará de meses.
Conforme al actual escenario, el concejal de Seguridad, Mario Cortés, es claro al señalar que hoy por hoy los agentes no pueden retirar estos vehículos. En el mismo encuentro con la Asesoría Jurídica sí se detallo la posibilidad de intervenir de este modo "en casos de peligro o alteraciones graves al tráfico peatonal o de vehículos, ni la aplicación de la normativa de tráfico al respecto".
Mario Cortés
"Solo podemos multarlos pero nunca retirarlos, la incautación de un objeto en vía pública no está respaldada por ninguna norma"
El edil del PP es claro al señalar que la actuación de la Policía en esta materia se limita a la multa, sin posibilidad cierta de ir más allá. "Solo podemos multarlos pero nunca retirarlos, tenemos que actuar conforme a ley o a norma y la incautación de un objeto en vía pública no está respaldada por ninguna norma", explica.
Ello quedó igualmente plasmado en el encuentro de la semana pasada. "Por el momento se debe proceder a denunciar a las empresas de alquiler de patinetes en base al artículo 22.3 de la citada ordenanza de Vía Pública, catalogando este comportamiento como infracción “muy grave”, por tratarse de una ocupación "sin autorización". El citado precepto incluye penalizaciones que pueden oscilar entre los 1.501 y los 3.000 euros.
"Estas denuncias se pueden hacer cuantas veces se vea un patinete de las empresas de alquiler circulando o estacionado en las zonas peatonales, es conveniente su repetición periódica", concretaron en la mencionada reunión. Por el momento, el comportamiento de la Policía Local está siendo más bien prudente, como confirma el hecho de que, según Cortés, hasta el momento se han impuesto 10 denuncias a las empresas de alquiler, actuando principalmente sólo cuando se observa un grupo de vehículos estacionados de manera irregular. A las dos empresas que vienen funcionando desde hace un par de meses, VOI y Lime, hay que sumar desde hace apenas un par de semanas la alemana Tier.
El argumento esgrimido por Cortés choca de plano con la posición de su compañera en el equipo de gobierno del PP, Elvira Maeso, quien semanas atrás aseguró que había solicitado a la Policial Local la retirada de estos patinetes al estar prohibido que los mismos quedasen aparcados en las aceras e, incluso, en las terrazas de los establecimientos de hostelería.
La reclamación de Movilidad se produjo ante la creciente presencia de patinetes en las calles, principalmente del Centro histórico, y el aumento de denuncias de vecinos de este mismo entorno físico de la urbe, críticos con su presencia y las molestias que generaban en ciertos puntos. Recientemente, por medio de las redes sociales, la propia Asociación de Vecinos del Centro Antiguo han incidido en este hecho, mostrando fotografías de patinetes junto a edificios catalogados como bienes de interés cultural (BIC), caso de la Catedral.
El devenir de los acontecimientos desde que a principios de noviembre se confirmase la presencia de la primera de las tres empresas de patinetes eléctricos que la actualidad funcionan en la capital es de absoluta indefinición. No solo en lo que afecta a la Policía Local, sino al propio área de Movilidad, cuya ordenanza no dispone de apartados específicos adecuados a este nuevo formato de movilidad. Y esta circunstancia deja en una especie de vacío a los agentes, que no saben bien como actuar.
"Un patinete por la normativa actual no se considera un vehículo de motor; por tanto no se le aplica el código de circulación; sólo se podría multar por velocidad excesiva", expone el concejal del área. "No sabemos bien cómo actuar ante este tipo de nueva movilidad", apostilla. Y en la misma medida e que viene haciéndolo el departamento de Movilidad, Cortés insiste en la necesidad de que en la Dirección General de Tráfico (DGT) trace el camino de acción definitivo a nivel nacional.
Precisamente, hace un par de semanas, los responsables de la DGT anunciaron su intención de adaptar la normativa en materia de circulación a la realidad de los patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal análogos. Su objetivo es que esa adecuación esté lista para el próximo verano, acotando su movimiento para que no puedan circular por las aceras; que los usuarios no puedan usar auriculares; que se limite la velocidad de los mismos a 25 kilómetros por hora, y que se puedan someter a los conductores a test de alcoholemia y drogas.
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