El Puerto penalizará al concesionario de la marina de San Andrés si no logra una ocupación mínima
La Autoridad Portuaria podría ingresar del orden de 25 millones por todo el periodo de explotación, a 50 años
La apuesta del Puerto de Málaga por dotar a la ciudad de una marina deportiva en el entorno de la plataforma de San Andrés vuelve a ponerse sobre la mesa. La operación, de evidente trascendencia para la capital de la Costa del Sol, que desde hace décadas carece de unas instalaciones de esta envergadura, tiene, al mismo tiempo, un efecto directo sobre las arcas de la entidad portuaria.
Conforme a los criterios marcados en el pliego de de condiciones que rige el concurso para la construcción y explotación de este proyecto, la Autoridad Portuaria podría garantizarse unos ingresos mínimos anuales de alrededor de medio millón de euros, lo que para el conjunto de la explotación programada, a 50 años, supone unos 25 millones de euros.
Este resultado económico surge de tomar en consideración las distintas vías de pago por parte del futuro promotor de la operación. Una de ellas, la de más relevancia, relacionada con la tasa de ocupación de los espacios terrestre y marítimo que forman parte del futuro puerto deportivo, cuyo montante de partida es de algo más de 335.000 euros.
Es de suponer que la cifra crezca de manera considerable en el marco de la competencia entre empresas interesadas en hacerse con este espacio. A esta primera vía hay que añadir el de la tasa de actividad de las embarcaciones que ocupen la marina. El mínimo previsto es de unos 67.000 euros anuales. Al tiempo, el pliego marca la imposición de un tipo de gravamen del 6% sobre el volumen de negocio generado por las rentas periódicas abonadas por los cesionarios al concesionario, en este caso por los espacios contemplados.
Las previsiones fijadas por el organismo portuario obligan a que el futuro puerto deportivo tenga capacidad para al menos 503 embarcaciones, de las cuales 350 tendrían hasta 12 metros de eslora, 150 entre 12 y 30 metros y dos serían mayores de 30 metros (se precisa que deberán permitir hasta 50 metros de eslora).
Una de las particularidades contenidas en el pliego es que el concesionario estará obligado a garantizar unos porcentajes de ocupación mínima de la marina. En este sentido, se precisa que el porcentaje mínimo de ocupación en los tres primeros ejercicios de la explotación es del 30%; será del 60% entre el cuarto y el sexto año, ampliándose el parámetro al 90% de ocupación desde el séptimo año en adelante.
Para garantizarse estos valores, el Puerto incluye unas penalizaciones económicas que se impondrán al concesionario. Y ello a razón de 1.000 euros por cada embarcación de hasta 12 metros; de 2.500 por las de entre 12 y 30 metros, y de 5.000 euros por las de más de 30 metros.
A cambio de la construcción y explotación, el futuro promotor tendrá derecho de concesión sobre una superficie de lámina de agua en la margen derecha de la desembocadura del río Guadalmedina de 93.938 metros cuadrados, así como una superficie de tierra en la explanada de San Andrés de 20.358 metros.
Entre las condiciones impuestas en el proyecto está la de tener que construir al menos 300 plazas de aparcamiento en superficie, la edificación de un complejo náutico (club náutico, escuela de vela, otras enseñanzas náuticas, restauración, pequeño comercio y actividades sociales) de 2.200 metros cuadrados, con una altura máxima de8 metros (PB+1).
Asimismo, tiene que desarrollar locales comerciales (restauración, comercio especializado en sector náutico, pequeño comercio auxiliar) de 3.000 metros cuadrados, prohibiéndose el uso de discoteca o negocios similares. Para tratar de hacer más atractiva la baja edificabilidad asignada al proyecto, el Puerto introdujo una pequeña modificación con el objetivo de ampliar los espacios de terraza de los que dispondrán estos negocios.
Otro de los elementos a incluir es un edificio de capitanía del puerto y torre de control (PB+2 más torre de control según necesidades del proyecto), con unos 200 metros. El futuro puerto también incluirá naves y talleres para la zona de varada con una superficie de operaciones no inferior a los 10.000 metros cuadrado.
A la espera de ver qué sucede una vez finalice el plazo de presentación de ofertas, vigente hasta finales de noviembre, la perspectiva que maneja el presidente del organismo portuario, Carlos Rubio, es esperanzadora. De hecho, tiempo atrás ya mostrada su confianza en que haya varios licitadores interesados en competir por este proyecto, uno de los de mayor envergadura de cuantos están contemplados en el Plan Especial del Puerto. Hay que recordar que recientemente, el Puerto ya adjudicó a la principal promotora de marinas deportivas, Igy Marinas, la construcción y explotación de los atraques para megayates en los muelles 1 y 2.
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