La trampa de la equidistancia

Málaga/Tras la liberación a cargo del Ejército Rojo en enero de 1945, los pocos judíos parisinos que habían logrado salir con vida de Auschwitz, a donde habían sido enviados en su mayor parte desde el campo de concentración de Drancy, optaron por la que parecía a todas luces la solución más natural: volver a sus casas. París había sido liberado ya en agosto de 1944, con lo que aquellos condenados esperaban encontrar una cierta normalidad a su regreso, un ambiente, en todo caso, exento ya de la negra cerviz de la guerra. Tras un doloroso proceso de reunificación, casi siempre parcial, aquellas familias volvieron al fin a pisar las calles que les habían sido arrebatadas. A menudo, sin embargo, estos judíos se encontraban con que sus casas estaban ocupadas por nuevos propietarios. Y sí, eran tales: no asaltantes de tres al cuarto, sino dueños legítimos con sus escrituras en regla. Había diversas claves que explicaban esta situación: por una parte, el gobierno que había instaurado la República tras el fin de la ocupación se vio en la urgencia de tener que realojar a no pocas familias cuyas viviendas habían sido destruidas por las bombas que arrojaron los nazis primero y los Aliados después, y, dado que nadie contaba con que regresaran muchos judíos deportados (especialmente desde que se empezó a conocer el contenido de la solución final de Hitler), decidió destinar sus domicilios a tal fin. Por otra, las autoridades alemanas habían recompensado a los colaboracionistas con la cesión de muchas de aquellas casas y pisos que habían pertenecido a los judíos, y tampoco los responsables de la gestión de París tras la contienda mostraban mucho interés en arrebatárselas. Historiadores como Keith Lowe cuentan que, cuando estos judíos acudían a las instancias pertinentes para reclamar sus viviendas, lo que se encontraban era el más sepulcral silencio administrativo. Como mucho, algún funcionario les recomendaba que se buscaran otra casa dado que lo hecho, hecho estaba, qué se le iba a hacer. Muchos de aquellos condenados a los hornos crematorios se plegaban a tales advertencias, pero algunos decidían emprender batallas legales para recuperar sus casas. Y a menudo éstos fueron acusados por la prensa, las autoridades y la opinión pública de querer remover aguas que debían quedarse quietas, de querer despertar un conflicto cuya resolución había costado demasiadas vidas. Más allá de la suerte que corrió la cuestión judía en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, se dio entonces un proceso habitual en la historia: quienes habitaban ahora las casas que habían pertenecido a los judíos pasaron a convertirse en ciudadanos cuyos derechos fundamentales estaban siendo agredidos. Y la administración decidió mantenerse equidistante a su manera: esto es, dejando las cosas como estaban y afirmando, en consecuencia, la responsabilidad judía en el conflicto.

No tema el lector. No estoy comparando a los vecinos del Centro de Málaga, de Huelin, de El Romeral y de otros barrios con los judíos de París. Sólo quiero llamar la atención sobre una constante en la historia que se sigue dando a mayor o menor escala, y que tiene que ver con lo que sucede cuando las autoridades responsables de la resolución de conflictos originados en situaciones injustas adoptan una posición equidistante: tal decisión es absolutamente parcial e interesada, pero, sin embargo, suele pasar entre la opinión pública como muestra de loable cautela. Pondremos un ejemplo más doméstico: quien más, quien menos, ha pasado por una situación en la que se espera el pago de una cantidad de dinero a manos de un deudor. Cuando el pago no llega y se solicita el mismo en repetidas ocasiones tras las correspondientes evasivas, a menudo el deudor acusa al reclamante de atosigarle, de acosarle, de incitarle a una presión insostenible. Pues bien, el moroso profesional, el de toda la vida, es el que logra inspirar una posición equidistante en cualquier juez u observador externo, en la medida en que ha hecho prevalecer supuestos derechos que, si se tuviera en cuenta la injusticia de la que procede el conflicto, jamás obtendrían validez.

Pues bien, esto es justamente lo que hace el Ayuntamiento de Málaga cuando, en el conflicto entre vecinos y hosteleros a cuenta del ruido en el Centro, Huelin, El Romeral y otros enclaves, en virtud de la pregonada estrategia de extensión del modelo hostelero del Centro a los barrios, afirma que "los vecinos deben pensar en los agentes económicos y los agentes económicos en los vecinos". No sólo incurre en una dejación de funciones al renunciar a hacer política, sino que toma partido, abiertamente, haciendo ver que aquí hay una responsabilidad compartida y que los vecinos también tienen que apechugar con su parte de culpa. Incluso alguien de la inteligencia de Elisa Pérez de Siles presume de esta "ecuanimidad" al subrayar que con las medidas adoptadas "ninguna de las partes se siente completamente satisfecha"; medidas que, recordemos, se han limitado hasta ahora a sancionar a las terrazas extralimitadas, lo que viene a ser un parche inútil en un contexto que pide a gritos un cambio de modelo, esto es, política de veras. Pero las consecuencias de esta forma de entender la equidistancia, por otra parte generalizada en Málaga desde hace ya demasiados años, no se hacen esperar: los hosteleros interpretan ya las quejas de los vecinos por el ruido que tienen que soportar cada noche como una campaña de acoso en su contra, con lo que no dudan en ocupar la pesa de la balanza reservada a las víctimas. Tampoco es nueva la inclinación de buena parte de la opinión pública, incluidos reconocidos portavoces, a culpar a los vecinos del Centro de, justamente, vivir en el Centro y pretender que no tienen por qué aguantar el escándalo cada noche, lo mismo en las terrazas que en los apartamentos turísticos: oiga, si no le gusta váyase al campo. Por si acaso, terminaremos con una perogrullada: el ruido es un problema serio en cada vez más lugares de Málaga y los vecinos afectados no son los que lo provocan, sino los que lo padecen. Tan fácil como eso.