Las nuevas servidumbres del aeropuerto de Málaga, un (gran) problema de altura

La actualización de los límites del aeródromo de la capital siembra de dudas muchos de los desarrollos urbanísticos de la capital

Un avión estacionado cerca de la torre de control del aeropuerto de Málaga.
Un avión estacionado cerca de la torre de control del aeropuerto de Málaga. / Javier Albiñana
Sebastián Sánchez

08 de noviembre 2020 - 07:33

Málaga/Como hace ahora una década, las nuevas servidumbres del aeropuerto de Málaga se convierten en un verdadero dolor de cabeza para ayuntamientos, empresarios e instituciones que ven, en algunos casos, muy limitados algunos de sus grandes desarrollos urbanísticos. Aunque la huella del aeródromo toca a 16 municipios, situados en las zonas de aproximación de los aviones, la afectación es particularmente sensible en la capital de la Costa del Sol.

Así al menos lo señalan desde el Consistorio malagueño, cuyo concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, habla de que en terrenos de Campanillas, Churriana y Teatinos apenas se permitirá una altura máxima de 3 metros, una cota que hace prácticamente inviable la materialización de nuevas edificaciones. El planeamiento vigente dibuja bloques de baja más seis alturas.

La preocupación es elevada porque, como sostiene López, "la afección a la edificabilidad del planeamiento no aprobado es brutal". De prosperar las limitaciones anunciadas, que son objeto actualmente del proceso de participación pública, Málaga podría verse obligada a trastocar de manera clara sus previsiones. Porque hay una evidencia: si los aprovechamientos asignados a los sectores aún en fase de tramitación no pueden materializarse en altura tendrán que hacerlo a lo ancho.

Y en este punto surge el interrogante: ¿caben todos?. "Hablamos de unos aprovechamientos que están planificados para un entorno en el que se disponen unos equipamientos, zonas verdes... Pero si hay que redistribuirlos porque se baja la altura es posible que haya que ocupar el espacio del equipamiento o de la zona verde, con lo que el planeamiento no valdría", reflexionaba el concejal. En esta misma línea, el alcalde, Francisco de la Torre, ha afirmado:"Comprendo que la seguridad aérea es vital, pero creo que es compatible tener la máxima seguridad con unos criterios lógicos y razonables".

Infografía de la operación urbanística de Térmica.
Infografía de la operación urbanística de Térmica.

Esto es algo que fácilmente puede visualizarse en dos de los puntos donde la incidencia puede ser mayor: Camino de San Rafael y Nereo. En este último suelo, localizado junto a Térmica y Torre del Río, se dibujaban dos torres de hasta 27 plantas (unos 117 metros de altura) que, de prosperar la medida de Aviación Civil, se verá recortada a un máximo de 57 metros. Se da la circunstancia de que en la parcela vecina de Torre del Río se van a levantar tres torres de 21 plantas, muy por encima del máximo ahora apuntado.

Raúl López, concejal de Ordenación del Territorio de Málaga

"La afección a la edificabilidad del planeamiento no aprobado es brutal"

¿Cuál es la diferencia entre uno y otro solar? Que el de Torre del Río, con Metrovacesa y Sierra Blanca como referentes, tiene todo el planeamiento aprobado, mientras que la de Nereo está en ciernes. Esto mismo es lo que le ha ocurrido a Térmica, cuya ordenación está pendiente de la aprobación del Plan Especial de Reforma Interior (Peri). Ante esta situación, los promotores de este sector, antes incluso de que entre en vigor la nueva ordenación, optaron por rebajar 11 metros varios de sus edificios, ajustándolos a la cota 57.

En el caso de Camino San Rafael, la ciudad planteó hace ahora casi una década cuatro bloques de hasta 27 plantas. Sin embargo, aquella primera intención se vio cercenada por las servidumbres del aeropuerto, al punto de que los redactores del planeamiento tuvieron que reducir a entre 95 y 110 metros la dimensión de las construcciones. Ahora este desarrollo se ve nuevamente alterado, puesto que los mapas actualizados proponen un nivel máximo de entre 70 y 80 metros.

En la capital llueve sobre mojado. El actual Plan General vigente ya se vio claramente condicionado en la fase final de su redacción. Las exigencias de Aviación Civil forzaron a rebajar de manera sensible muchas de las construcciones en altura proyectadas. Las torres de San Rafael son ejemplo de ello, pero también Repsol, donde se llegó a dibujar un rascacielos de 182 metros que, tras el ajuste obligado pasó a proyectarse con 132.

Ante este escenario, el edil insiste en la necesidad de que haya una reconsideración por parte del organismo estatal y anuncia la formulación de alegaciones mediante las que modificar los planes actuales. Una tarea en la que va de la mano del PTA, de la la Universidad y de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP), otros damnificados.

El caso de la UMA es igualmente significativo, por cuanto las limitaciones, a priori, hacen casi inviable el impulso de los últimos desarrollos contemplados en la ampliación del campus. Y esto es lo mismo que decir que toca de lleno al Parque Científico Empresarial y el proyecto de nuevas residencias contemplado. Según los datos manejados por el rector, José Ángel Narváez, hay puntos en los que sólo se permiten 3 metros de altura y otros en los que esta cota queda reducida a 1 metro. "El plan afectaría de manera desastrosa a la planificación de espacios prevista para el campus", dijo.

La incidencia sobre territorio universitario toca también al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), que participa con la institución académica en el desarrollo de varios de los edificios. Por el contrario, según su director, Felipe Romera, todo hace indicar que las servidumbres no alterarán las previsiones de ampliación de la tecnópolis.

José Ángel Narváez, rector de la Universidad de Málaga

"El plan afectaría de manera desastrosa a la planificación de espacios prevista para el campus"

Más allá de la capital, la incidencia parece algo menor. El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, reconoce que se da “una vuelta de tuerca” respecto a las afectaciones anteriores, pero no se mostró especialmente preocupado. Sí dijo entender el malestar existente en la capital de la Costa del Sol.

Otro municipio del entorno metropolitano, Cártama, sufre de manera directa la cercanía del aeródromo. En su caso no porque le invalide grandes proyectos, sino por la complejidad que ello supone en el día a día. "Lo que no es normal es que hasta para poner una farola necesitemos el permiso de Aesa", dice de manera gráfica el alcalde del municipio, José Gallardo.

"Estamos pillados si o sí porque estamos en la misma entrada del aeropuerto; poco podemos hacer si no cambian el aeropuerto de sitio", dijo irónicamente. En su caso, el quebradero de cabeza tiene más que ver con la necesidad de disponer de los informes favorables de Seguridad Aérea. "Hasta para poner un vallado", insiste. El regidor admite, no obstante, que en los últimos tiempos el procedimiento está siendo algo más ágil.

A modo de propuesta señaló la posibilidad de que desde los organismos estatales se tome como referencia el edificio más alto del municipio "y que se indique que lo cualquier cosa que pase de ahí sí necesitará de un informe". En Coín, desde el Ayuntamiento, confirmaron que las nueva huella planteada amplía la zona del municipio afectada, si bien precisaron que toca terreno no urbanizable.

Jorge Gallardo, alcalde de Cártama

"Lo que no es normal es que hasta para poner una farola necesitemos el permiso de Aesa"

Aunque fue a finales de septiembre cuando formalmente se activó el proceso de revisión de las servidumbres del aeropuerto, mucho antes ya se venía apuntando en esta dirección. De hecho, a principios de año se conoció la existencia de informes de Aviación Civil advirtiendo de la necesidad de que el proyecto residencial en la antigua Flex, en Carretera de Cádiz, se ajustase a los nuevos límites. Y eso a pesar de que los mismos no están aprobados.

Pero qué lleva a Aviación Civil a modificar las servidumbres actualmente vigentes. Uno de los elementos a tener en consideración es la necesidad de ajustarse a la normativa internacional. Para ello se toman en consideración el Reglamento Europeo 139/2014 y el anexo 14 de la Organización de Aviación Civil Internacional. Ambos documentos permiten la definición de las superficies horizontal interna y cónica en hipódromo, algo necesario, desde el punto de vista de la seguridad y regularidad de las operaciones de aeronaves, sobre todo en aeródromos con más de una pista.

Aviacion Civil puede “excepcionalmente” avalar proyectos que vulneren los límites

Desde el punto de vista de la seguridad y la regularidad de las operaciones de aeronaves es necesario actualizar estas servidumbres, de forma que se puedan adecuar sus superficies limitadoras a las de la normativa internacional vigente. Y ello implica la creación de una especie de huella en la que se fijan límites a las alturas para garantizar la seguridad en las operaciones y el correcto funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas aeronáuticas. En las zonas contenidas se marcan unas cotas que no han de ser sobrepasadas ni por nuevos obstáculos ni por un aumento de los existentes.

A pesar de la incidencia clara que esta medida tiene sobre posibles desarrollos, la propia normativa estatal en materia de servidumbres aeronáuticas recoge la posibilidad de que Aviación Civil pueda "excepcionalmente informar favorablemente planes e instrumentos de ordenación en los que se incluyan actuaciones que vulneren las servidumbres aeronáuticas, siempre que quede acreditado (…) que no se compromete ni la seguridad ni la regularidad de las operaciones de las aeronaves en el aeródromo". Esto abre la puerta a que el ente avale planes urbanísticos que vulneren las nuevas servidumbres, aunque para ello tiene que quedar acreditado que esos proyectos no comprometen la seguridad ni la regularidad de las operaciones.

Existiendo esta posibilidad, es claro el condicionante que suponen las servidumbres. En este sentido, la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de la provincia, Violeta Aragón, viene advirtiendo desde hace meses de la situación de "inseguridad jurídica" e "incertidumbre" que el contexto actual provoca entre los potenciales inversores. "Esto cambia radicalmente el modelo urbanístico de la ciudad y sin saber muy bien cuál es el criterio", sostuvo.

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